Aragón está pendiente, en una «extenuante espera» de la llegada de una remesa de material, con más de 3,2 millones de mascarillas, quirúrgicas y FFP2, batas y guantes, y de los test rápidos, que se prevé que puedan estar disponibles en los próximos días. Así lo indicó el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, que explicó que el mercado de los equipos de protección frente al coronavirus es "absolutamente convulso", y los envíos, pese al compromiso de compra del Gobierno de Aragón, que ya se ha producido, tienen que enfrentarse a problemas adicionales, por ejemplo en las aduanas.
La situación es similar con la llegada de los test rápidos, que espera que lleguen "de un momento a otro", afirmó Falo, que garantiza que de lo que sí hay disponibilidad hasta el momento es de respiradores, a pesar de lo cual se ha hecho un encargo que también se espera en los próximos días.
Por otra parte, los dos millones de mascarillas donadas por Mango al Ministerio de Sanidad llegaron ayer martes al aeropuerto de Zaragoza desde donde se distribuirán a los hospitales de todo el país con la red logística de la empresa.
Mango, que hará la distribución siguiendo las indicaciones del ministerio, también ha puesto su capacidad logística a disposición de las autoridades para ayudar a paliar las graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública que está provocando el coronavirus.
La falta de material sigue siendo un gran obstáculo para los sanitarios. Ayer, los Juzgados de lo Social de Huesca y de Teruel ordenaron a la DGA, al Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que entreguen equipos de protección individual a los profesionales sanitarios en el plazo de veinticuatro horas, en las respectivas provincias.
El sindicato médico Fasamet fue el que realizó esta petición en Huesca y Teruel, una solicitud que en Zaragoza ya tuvo sus efectos el pasado día 27 cuando el Juzgado Social número 1 de la capital aragonesa adoptó una medida cautelarísima por la que daba el mismo plazo de 24 horas.
Ahora, los juzgados oscense y turolense exige que se adopten estas medidas cautelarísimas para que se proporcione a los empleados públicos sanitarios los equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección. El Salud recurrirá.
El Supremo, en todo caso, desestimó ayer una nueva petición del sindicato CESM a nivel estatal en este sentido.
