El grupo cooperativo Arento ya ha presentado su concurso de acreedores, un trámite derivado de su compleja situación económica que será anunciado a sus socios en una asamblea general prevista para mediados de junio y que será convocada en los próximos días. Fuentes del grupo agroalimentario han señalado que la voluntad de sus gestores es «reconducir la situación» trabajando de forma conjunta con las entidades bancarias, sin embargo la situación es crítica por la fuga de socios y la elevada deuda a la que deben hacer frente.
La delicada situación del grupo llega en un momento en el que está a punto de comenzar la cosecha de la cebada, lo que ha hecho que grupos alimentarios de Lérida y Navarra ya hayan ofrecido acuerdos puntuales de colaboración a las cooperativas que podrían dejar el grupo agroalimentario. «No podemos permitirnos el lujo de ir por libre», manifestó el presidente de la cooperativa San Sebastián de Luna, José María Aranda.
Por el momento los agricultores de esta entidad aún no han decidido qué harán con su producción, pero son conscientes de que las alianzas con estructuras más grandes son fundamentales para garantizar su supervivencia en los próximos meses. «Necesitamos que nos ofrezcan garantías de pago, pues no nos podemos permitir otro tropiezo», manifestó.
Estas ofertas de colaboración comercial de otros grupos agroalimentarios también han llegado a otras cooperativas de más tamaño, como la de Sádaba, que en la tarde de ayer celebró una sesión informativa para decidir en el futuro si se vinculan durante un año al grupo navarro AN o al catalán Actel. Otras posibilidades que se les plantearon a los socios tuvieron que ver con la posibilidad de colaborar con la cooperativa de Ejea o tratar de seguir en solitario.
RIESGO PARA EL SECTOR
El presidente de las cooperativas agroalimentarias aragonesas (FACA), José Víctor Nogués, es consciente del riesgo para el sector que implica la crisis de una entidad de referencia en las Cinco Villas como Arento, por lo que indicó que se van a intentar buscar «soluciones» y «acuerdos comerciales» que impliquen al tejido del sector primario en la comunidad, de forma que se evite que otras entidades «se aprovechen» del volumen de negocio que quedará sin atender.
Por el momento se está trabajando en lograr «líneas de financiación» que garanticen la actividad de las cooperativas, pues en los pueblos de menos tamaño suelen ser la única garantía de que se mantendrá la población. No se descarta que el Gobierno de Aragón tenga que implicarse.
Arento, que cuenta con unos 35 socios (llegó a tener 80 hace apenas unos años), tiene un pasivo en su balance que ronda los 95 millones de euros, de los que 75 corresponden a deudas con las entidades financieras, 15 millones a pagos que se deben realizar a las cooperativas socias y otros 5 por obligaciones con terceros.
