Las fuerzas políticas, agentes sociales y municipios aragoneses firmaron este lunes con unánime «satisfacción» una estrategia de 273 medidas para «salir a flote» tras el coronavirus, reactivando la economía y reforzando los servicios públicos para «no dejar a nadie atrás». Lo hará sin reparar en gastos, que de hecho no están calculados, si es que es posible hacerlo. Pero es un acuerdo importante, no solo por su contenido, sino por dar «estabilidad», destacó el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, algo vital para atraer las inversiones necesarias. También por dar ejemplo, al ser pionero, si no el primero, ya que Canarias y Murcia firmaron los suyos, con menos apoyos.
La estrategia aragonesa, por contra, contó este lunes en La Aljafería con todos los partidos con representación en las Cortes, salvo Vox, además de la patronal, representada por CEOE y Cepyme, los sindicatos, con UGT y CCOO y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). Las entidades y los partidos de la oposición, particularmente, instaron a ponerlo en marcha cuanto antes.
Al documento, fijado en mes y medio, se le pueden achacar carencias, por falta de detalle en medidas concretas, aunque las hay, y abundantes referencias a planes futuros y reactivación de leyes. Pero la ausencia más notable es la memoria económica, a cuánto ascenderá la factura.
CONCRECIÓN ESTA SEMANA
El Gobierno de Aragón, según Lambán, espera poder concretar esta semana cuál será su aportación, una vez los departamentos perfilen de qué pueden prescindir, y con un presupuesto volcado en la pandemia. Pero harán falta ingresos estatales y europeos, comenzando por los 16.000 millones que el Estado cedió a las autonomías y siguiendo por los 150.000 millones de fondos europeos, que el aragonés intentará que lleguen en buena parte a la comunidad. En resumen, que primero habrá que ver cuánto se tiene para luego fijar qué medidas se pueden alcanzar.
Por el momento, Lambán destacó la «inteligencia, eficacia y generosidad» de los equipos negociadores a la hora de acordar las medidas del pacto.
La oposición, a la que Lambán agradeció su «generosidad», dejó claro que, cerrado el pacto, la iniciativa es del Gobierno de Aragón y su «legítimo papel» será fiscalizar que se cumpla. Así lo dejó claro el presidente del PP autonómico, Luis María Beamonte, quien deseó que el PSOE tenga la misma generosidad que ellos en otras autonomías. A nivel nacional lo ve difícil, con el «muy poco razonable» Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu.
Daniel Pérez Calvo, por parte de Ciudadanos, animó también a pasar «de las musas al teatro» cuanto antes y poner en marcha este documento, para la reactivación, aunque «desgraciadamente, lo más importante, las vidas, no las podremos recuperar».
Por la izquierda, Álvaro Sanz, de IU, lamentó que, aunque han podido incluir muchas de sus reclamaciones (como el consumo de proximidad o la farmacia pública), podrían haber sido «más incisivos» en el modelo productivo y abrir el debate tributario.
Entre los grupos del Gobierno, con Vicente Guillén por el PSOE, Marta Prades por Podemos, Joaquín Palacín por CHA y Arturo Aliaga por el PAR, destacó el valor del pacto para los aragoneses. Este último calificó el pacto de «innovador», al abrirse al diálogo social, para hacer «una radiografía» de las necesidades.
Por parte de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, su presidente, Luis Zubieta, reclamó que se les deje invertir el superávit para que los ayuntamientos sean decisivos.
SALVAR EMPRESAS
Las principales organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y sindicales de Aragón (UGT y CCOO) coincidieron en destacar el simbolismo y la importancia del acuerdo, que prioriza «salvar empresas» en un momento de máxima dificultad, para mantener a su vez puestos de trabajo en peligro.
Los agentes sociales aragoneses atesoran una larga trayectoria de acuerdos sobre desarrollo socioeconómico, con más 30 años de consensos sobre esta materia con gobiernos autonómicos de distintos signo. El último, en octubre, ahora actualizado con la pandemia.
El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, puso de relieve el «importante papel» que han jugado las empresas para luchar contra la crisis, «una ola de solidaridad como no habíamos visto nunca». Destacó la protección de sectores estratégicos como la logística y la agroalimentación o las ayudas que recoge el documento, entre otras medidas que es «urgente» aplicar.
El presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, confió en «iniciar un despegue de Aragón después de esta tremenda tragedia», sin «descuidar ningún frente y no dejar a nadie abandonado». No obstante, vaticinó un camino «muy difícil y duro», sin éxitos a corto plazo.
Desde el flanco sindical, el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, afirmó que el acuerdo refleja «lo que nos estaban demandando los aragoneses», y animó a la DGA a alinear las prioridades con los objetivos estratégicos de la UE y España: la economía sostenible y la digitalización.
Por su parte, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, recalcó que esta «guía de futuro para Aragón» refleja la defensa de los servicios públicos, la apuesta por sectores esenciales, el empleo y los más vulnerables, y pidió que se financie.
LAMBÁN OBVIA LA POLÍTICA ESTATAL
En un día de satisfacción autonómica, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, rehuyó cualquier polémica estatal ante de las preguntas de la prensa. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, dijo en una entrevista en COPE, sobre el Ingreso Mínimo Vital, que «las comunidades autónomas no han demostrado, muchas de ellas, en los años que llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces», justificando así que, de momento, solo lo gestionen País Vasco y Navarra. No Aragón, como pedía Lambán. Al respecto, este solo dijo que prefería «tener la fiesta en paz» este lunes.
Del mismo modo, rechazó comentar la filtración de las declaraciones de la ministra Irene Montero sobre el coronavirus y el 8-M, en este caso tirando de sorna. «No sigo la política nacional», respondió el aragonés ante la pregunta.
