Hay acontecimientos que marcan una época porque modifican la realidad tal como la hemos conocido y porque suponen profundas transformaciones sociales. Quién nos iba a decir hace sólo tres meses que esa situación llegaría de la mano de un bicho microscópico, del coronavirus. Desde que apareció en Wuhan ha movilizado a todos los gobiernos e instituciones y no deja ámbito personal, familiar, político, económico y social sin infectar.

Todos los países y todas las personas estábamos y estamos potencialmente en riesgo ante una enfermedad que no discrimina en función de nacionalidades. Nadie estaba preparado para esta situación inesperada y desconocida. Pero ya podemos reflexionar sobre cómo se ha afrontado esta pandemia. Desde el primer momento tuvimos un fuerte consenso social y político sobre que salvar vidas era lo primero y prioritario. Además, desde varios ámbitos, con especial protagonismo sindical, propusimos una batería de medidas para amortiguar el desastre social y económico que las medidas sanitarias de confinamiento y limitación de movimientos iban a provocar.

Sobre las medidas sanitarias hay que decir que la cuarentena y el distanciamiento social han reducido la transmisión de la epidemia, aunque vamos a tener que convivir con el virus hasta que tengamos una vacuna universal o medicinas efectivas para evitar nuevos brotes en los próximos meses. Sobre las consecuencias económicas ya sabemos que el frenazo en la actividad esta provocando una recesión global. Pero en España y en la Unión Europea se está afrontando de una manera muy diferente a la crisis del 2008. Entonces se atacó la cohesión social y la equidad por lo que se perdió una legitimidad política que todavía no se ha recuperado. Y se perdió porque quienes nos representaban no protegieron el bien común de la ciudadanía y se salió de ella con ciudadanos más pobres, más desiguales, más precarios y menos protegidos socialmente.

En esta crisis los gobiernos están ayudando de una forma nunca antes vista a empresas y a personas. Se ha demostrado la capacidad de respuesta desde lo público en el terreno económico y social. Es el Estado y no el mercado el que está soportando las consecuencias de la paralización económica, el que garantiza unos ingresos mínimos a las personas, el que mantiene empleos con los ERTE y el que ayuda a las empresas a soportar este tsunami para no desaparecer.

Ahora hay que exigir que las empresas correspondan a esa ayuda con un nuevo contrato social porque no podemos volver a la precariedad anterior. Ya hemos visto que la mano invisible del mercado no es capaz de afrontar estas crisis sistémicas.

Una preocupación final. La crispación política estatal es muy negativa porque en una situación tan grave ante los errores se requiere colaboración y cooperación y no conflicto y confrontación. En Aragón instituciones, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos hemos dado un ejemplo de valores y acción política basados en lo social y personal. Ojalá se extienda.