El grupo municipal del PSOE ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Zaragoza que ejecute las obras recogidas dentro del convenio firmado con la DPZ y deje de considerar como «ciudadanos de segunda» a los vecinos de los barrios rurales. De momento, el equipo de Gobierno ha devuelto a la Diputación Provincial de Zaragoza 3,5 millones de los 9 que se acordaron en el convenio de colaboración firmado en el 2017. Ahí se pactaron obras en los barrios rurales consensuadas con sus alcaldes.
«El que tiene la obligación de cuidar a estos vecinos es el Ayuntamiento de Zaragoza. Este convenio se creó hace 12 años para apostar por barrios como este, con pocos equipamientos, y para que se igualen a los barrios de la ciudad. Pero el ayuntamiento ve a estos vecinos como vecinos de segunda y no les trata igual que a los de primera», explica Lola Ranera, portavoz del PSOE en el consistorio.
La líder de la oposición le pide al alcalde «que cumpla el convenio y no se permita el lujo de devolver 3,5 millones a la DPZ. El único motivo para entender que no se ejecuten las obras es la incapacidad del Gobierno. Me atrevería a decir que hay un desprecio hacia estos vecinos».
El citado concierto con la DPZ ya fue ampliado hasta el 2021 al entender desde el equipo de Gobierno que no daba tiempo a ejecutar todas las obras. Aun así, el ayuntamiento comunicó la devolución de 3,5 millones de euros, algo que ha molestado a los primeros ediles de todos estos barrios, como bien se pudo comprobar en el último consejo de alcaldes.
Desde el consistorio zaragozano se busca alguna alternativa para no perder definitivamente esa cantidad. Por ejemplo, un nuevo convenio de 12 millones en el que se incluyan los 3 devueltos. En principio, la DPZ no es muy favorable, ya que realmente es el Ayuntamiento de Zaragoza el que debe atender las necesidades de los 35.000 vecinos de los barrios rurales de Zaragoza. Sin embargo, el consistorio no tiene ni una partida específica en los presupuestos para barrios rurales, por lo que necesita el dinero de la DPZ.
