El desalojo del hotel San Valero se salda con tres detenidos

Una veintena de personas sin hogar fue desalojada este martes del hotel San Valero (en el centro de Zaragoza) tras una orden judicial por «usurpación de una propiedad privada» en una operación policial de gran envergadura que terminó con tres detenidos. Uno de los arrestados fue el propio promotor de la okupación, pues sobre las nueve de la mañana amenazó con quemarse a lo bonzo en plena calle con la intención de evidenciar la «situación desesperada» en la que quedan las personas que vivían en el interior del inmueble.

El desalojo del edificio llega tras una denuncia de la Sareb, el llamado banco malo, y tras el malestar que la presencia de los indigentes había causado entre algunos vecinos de la calle Manifestación, muy próxima a la plaza del Pilar. Los residentes en el hotel, algunos con problemas de salud y con signos visibles de deterioro físico, asegura que ahora volverán a vivir en la calle, ya que este hotel abandonado hace nueve años es el único refugio al que pueden optar. «¿Ahora dónde podré ver yo a mis hijos?», se preguntaba Samuel cargando con su petate pocos minutos antes de que comenzara la operación policial.

Un grupo de activistas y simpatizantes se arremolinó en la puerta del hotel minutos antes de que acudiera el secretario judicial a las diez de la mañana a proceder con la medida cautelar. La Policía Nacional los arrastró hacia los furgones que cortaban los extremos de la calle y procedió a la detención de dos de ellos por «desobediencia y desacato a la autoridad». En los extremos varias decenas de activistas por el derecho a la vivienda protestaban contra la actuación desmedida de las autoridades.

Uno de los portavoces de Stop Desahucios, Pablo Híjar, lamentó que no se había informado a los okupantes del proceso de desalojo. «Nos encontramos atravesando la segunda ola de covid-19, el número de contagios no deja de crecer en Aragón y especialmente en Zaragoza. Desde el gobierno aragonés se apela a la responsabilidad ciudadana para quedarnos en casa y evitar que el virus siga expandiéndose, sin embargo no se deja de condenar a personas y familias a vivir en la calle donde cualquier protección contra el virus es imposible sumado todo al dolor de perder tu propio hogar», indicaron.

También reclaman que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón actúen lo antes posible y apliquen la ley autonómica en la que se establece que los poderes públicos deben «proveer una alternativa habitacional digna a toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda».

El edificio de la Sareb quedará ahora precintado, mientras los inquilinos tienen un mes para acudir a retirar sus pertenencias, muchas d e las cuales quedaron abandonadas en las habitaciones. «La okupación no estaba causando problemas, pues incluso han limpiado y adecentado la fachada, pero algunos de ellos atraían a otras personas que sí han provocado conflictos», señaló el propietario de La Retrotienda,David Julián, uno de los comercios cercanos al inmueble.