Las autoridades insisten en que la coyuntura actual no es la misma que la que hubo en primavera, sobretodo en cuanto a las cifras de mortalidad y al rastreo de positivos, pero algunos datos evocan irremediablemente a lo que Aragón padeció meses atrás. Si a principios de esta semana se hablaba del estado de los hospitales, que soportan una presión creciente -aunque no todavía preocupante en exceso- ayer las autoridades dieron cuenta de la situación en las residencias de mayores. Hay ya 112 ancianos contagiados entre los 383 centros que hay en la comunidad y un número indeterminado de trabajadores, cuya cifra no se ha cuantificado. No obstante, el 80% de los positivos se concentra solo en cuatro asilos.

En concreto, se han dado casos en un total de 45 centros residenciales, aunque no todos estos son centros de mayores: en esta cifra también se incluyen residencias para discapacitados y de otros tipos. El Ejecutivo autonómico insiste en que, en muchos casos, solo hay un positivo por brote y que se han conseguido aislar a tiempo, pero el recuerdo de las 790 víctimas que el coronavirus dejó en las residencias (el 80% del total de los fallecidos en Aragón) ha provocado que hayan movido ficha.

Ayer comparecieron conjuntamente la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y la de Cuidadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto (encargada de la gestión de las residencias), para explicar las nuevas medidas que van a poner en marcha para tratar de atajar la enfermedad, o al menos de minimizar sus efectos.

En cuanto a las medidas de prevención y seguimiento, Repollés y Broto explicaron que sus respectivas consejerías han firmado un protocolo para cooperar y poder atender mejor a las personas internas en los asilos. El acuerdo supone que ahora las residencias pasen a considerarse como hogares en su conjunto, según aclaró Broto, lo que supone que todos los residentes estarán adscritos al mismo sector sanitario, por lo que serán atendidos en el mismo centro de salud y por el mismo equipo sanitario. Se evitará así que cada anciano tenga un médico diferente, dependiendo del lugar de origen de los mayores. Asimismo, Broto también anunció que «con mucho dolor» van a publicar una orden que prohibirá los paseos de los mayores fuera de los centros. «Tenemos que protegerlos, esa es nuestra obligación», dijo. Las visitas y las salidas por periodos de un mes o 15 días seguirán estando permitidas.

MATERIALES DE PROTECCIÓN

La realidad es que, durante los meses duros de la pandemia, esta era una práctica que ya se llevaba a cabo, pero que ahora se pone por escrito y se regla. La intención es evitar que los centros que tienen médicos y enfermeros propios estén menos vigilados por el sistema de Salud pública y garantizar que los mayores reciben la misma atención en una residencia «que si estuvieran en sus casas». «Este protocolo nace de una triste realidad», afirmó Repollés, que recordó que cuatro de cada cinco fallecidos por coronavirus en la comunidad en primavera se produjeron en estos centros.

Con la nueva normativa, en cada centro de salud habrá una enfermera designada y encargada de coordinarse con la persona de referencia de cada una de las residencias a su cargo. La responsable de cada centro de salud deberá velar por el cumplimiento de los planes de atención sanitaria de los pacientes y de su seguimiento. También tendrá que coordinar y valorar los planes de contingencia de las residencias (que serán obligatorios) y vigilará para que se acaten. Los asilos, además, tendrán que establecer protocolos para poder «sectorizar» sus centros (dividir los espacios) para poder aislar a los enfermos. «Quiero apelar a la responsabilidad de los centros, hay que proteger y protegerse», avisó Broto en referencia también al suministro de EPIs a los trabajadores de las residencias «No podemos permitirnos llegar ni un segundo tarde», apuntilló..

Precisamente, los empleados de los asilos, desde la entrada en vigor de este protocolo, deberán rellenar un formulario antes de acceder a su puesto de trabajo respondiendo sobre posibles síntomas que se hayan detectado ellos mismos. El objetivo no es tanto el de evitar así contagios, puesto que muchas personas con coronavirus son asintomáticas, sino la de concienciar de que, ante la sospecha, no se debe acudir al puesto de trabajo. «Se están haciendo todas las PCR que hacen falta, no hay restricciones para las residencias y sus trabajadores», señaló Repollés.

La responsable de Sanidad no lleva ni tres meses en el cargo, pero de gestionar la desescalada ha tenido que pasar a controlar un repunte de casos creciente. Preguntada sobre si se ha planteado dimitir o asumir algún tipo de responsabilidad, respondió tajante: «­Diré lo mismo que dijo mi compañero Fernando Simón, no voy a abandonar el barco. Por supuesto que habré hecho cosas mal, pero en una pandemia y en un momento en el que hay transmisión comunitaria creo que nadie tiene la culpa de que las personas se contagien». Acto seguido, Broto tomó la palabra para apoyar a su compañera de Gobierno: «A ninguno nos hubiera gustado tener que gestionar la pandemia».