El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la celebración de los convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Huesca y de Teruel para la gestión conjunta de obras de reforma, mejora y sustitución en colegios públicos de ambas provincias.
Estos convenios se han venido suscribiendo en los últimos años con una aportación de 200.000 euros por parte de cada institución. Sin embargo, en el presente ejercicio, este montante asciende hasta los 300.000, lo que supondrá 1,2 millones de euros en 2020, lo que supondrá un total de 125 actuaciones (22 en Huesca y 103 en Teruel).
Entre otras, se contemplan adecuación de espacios, acondicionamientos de aseos, arreglos en patios, actuaciones en techos, de carpintería o en los tejados, así como trabajos de cerramientos o de colocación de persianas.
El Departamento de Educación, desde la legislatura pasada, mantiene en cuatro la ratio mínima para mantener abiertos los centros, aunque los casos en los que hay tres escolares se estudian con las familias y los ayuntamientos, lo que permite que la mayoría de estas escuelas también se mantengan abiertas.
Así, este año se mantienen abiertas un total de 40 escuelas que de otra forma estaban abocadas al cierre, un número que se elevó hasta los 100 centros durante la legislatura pasada.
Además de mantener estos colegios abiertos, el Gobierno de Aragón financia este curso el profesorado de unas 200 escuelas infantiles (periodo de 0 a 3 años), con una inversión de casi 10 millones de euros. De esta manera, Educación se hace cargo de los gastos de personal de estos centros, situados en 152 municipios distintos de las tres provincias y en los que inician su etapa escolar más de 5.500 menores.
Otras medidas que se han puesto en marcha para ayudar al alumnado de los núcleos menos habitados ha sido el incremento de la oferta de FP y la extensión de las aulas de 2 años fuera de las tres capitales, así como el plan de estabilización del profesorado que permite a los interinos mantenerse durante tres años en el mismo centro, lo que redunda en un seguimiento de los programas educativos y una mayor estabilidad de las plantillas en estos centros.
El Gobierno aragonés considera que esta política ayuda a la vertebración del territorio y es básica en la lucha contra la despoblación. En las escuelas rurales de la Comunidad estudia el 17% del alumnado, y a ellas se destina el 31% del presupuesto del Departamento.
Para su potenciación e impulso, se creó hace dos años un observatorio de la Escuela Rural, que recoge y difunde buenas prácticas, ya que estos centros son incubadoras de innovación que en ocasiones se trasladan con éxito al mundo urbano.
