La crisis ha hecho mella entre los más vulnerables. Se dice, se repite y se admite. De vez en cuando, además, los números lo ratifican aunque sea en forma de llamadas. En este caso, en el servicio de atención que abrió el Ayuntamiento de Zaragoza tres días después de que se declarara el estado de alarma van camino de las 150.000 consultas telefónicas en asuntos relacionados con el coronavirus. Pues bien, más de la mitad fueron derivadas a servicios sociales, que se encontraron con que tres de cada cuatro personas necesitaban ayuda para la provisión de alimentos.
Según Acción Social, desde el pasado 17 de marzo y hasta el 31 de julio del 2020, a través de la línea 900 101 194 se han atendido un total de 142.484 llamadas solicitando información sobre temas considerados esenciales y urgentes por el covid-19, servicio que ha gestionado Atienza, empresa que ofrece a los ciudadanos información, orientación y asesoramiento sobre todas las prestaciones sociales municipales, como son teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio o comida elaborada para personas mayores y dependientes, entre otras.
Del total de llamantes atendidos, en 77.251 ocasiones fueron remitidos a los Servicios Sociales Comunitarios. Según un informe de Atienza, los principales motivos que les llevaron a contactar con la línea 900 fueron, principalmente, la solicitud de ayudas económicas para la provisión de alimentos, que sumaron el 74% de las llamadas (58.040). El 14% (10.889) fueron por otros motivos, como son la petición de información sobre Zaragoza Ayuda, la solicitud y renovación de prestaciones económicas, información sobre ayudas para alquiler, servicio de ayuda a domicilio, servicio de comida a domicilio... Un 8% querían solicitar o cambiar cita con los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y un 3% consultar el Ingreso Mínimo Vital.
En la última semana de julio los CMSS recibieron 3.652 atenciones. San José y Delicias II fueron los más demandados (12%), seguidos de San Pablo (10%) y Delicias I con un 9%.
Más allá, desde Zaragoza en Común se ha denunciado que el concejal Ángel Loren “no está incorporando nuevas medidas para afrontar la brecha educativa e incrementar el seguimiento y apoyo social y emocional” a niños y jóvenes, sino que además han cerrado todos los recursos destinados a ellos sin ninguna alternativa de seguimiento y apoyo no presencial”. Para Broto, “llueve sobre mojado”, tras mantener cerrados los centros de servicios sociales, lo que provocó una ausencia de mecanismos de control en la protección a la infancia, al haber prohibido a los profesionales la realización de entrevistas, seguimientos y visitas domiciliarias durante el estado de alarma y haberlos derivado a la atención de las solicitudes de la línea 900.
“La actual de pandemia está incrementando de manera alarmante la brecha social y educativa en los menores. Está suponiendo un incremento de la pobreza infantil, así como el aumento de los problemas de salud mental infanto-juvenil”, ha destacado Broto. Para la portavoz en la comisión de Acción Social, desde el comienzo de la pandemia, hace ya casi cinco meses, “han carecido de cualquier posibilidad y alternativa educativa y de tiempo libre, lo que impacta directamente sobre su desarrollo”.
“Quiero hacer una reflexión para preguntar si un menor va a descolgar un teléfono para llamar a una línea 900 y pedir atención en un servicio. Ahí lo dejo… Además, no entendemos cómo en agosto se ha cerrado todo. A fecha de hoy no es posible hablar con ellos (concejal, coordinadora o jefe de servicio) ni negociar con las entidades, se han ido por vacaciones sin haber arbitrado soluciones”, ha concluido Broto.
