Los alcaldes socialistas de Aragón recelan de la cesión de sus superávits al Gobierno central

La mayoría de los regidores del PSOE en las tres provincias recelan de un plan que no ven claro, por lo que todos piden tiempo para estudiarlo. De ahí que su apoyo a la idea del Ministerio de Hacienda sea, cuando menos, muy matizada, al margen de que pertenezcan a la misma formación política que el partido en el poder.

«Hay mucha letra pequeña en el real decreto ley sobre los superávits, hay que ver los intereses, si serviría de aval, la forma en que se nos devolverá...», advierte Pilar Mustieles, alcaldesa socialista de Caspe, que explica que el documento se refiere a fondos que «no se pueden utilizar».

Pero para ella, al igual que para el resto de regidores socialistas, hay un principio irrenunciable: el del interés general, es decir, no hacer nada que perjudique a sus vecinos. «Hay cosas en las que no puedo ceder», subraya Mustieles. «Tenemos un proyecto para una planta potabilizadora que es muy necesaria, y necesitamos los remanentes», precisa.

"Puede ser ventajoso"

Con todo, la primera responsable municipal de la capital del Bajo Aragón zaragozano considera que, «para algunos ayuntamientos», la liberación de parte del remanente que poseen a cambio de la entrega de sus ahorros, «puede ser ventajoso».

Por su parte, Marta Gracia Blanco, alcaldesa de La Almunia, es partidaria de enfocar la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez «de forma prudente», analizando sus pros y sus contras y, sobre todo, «haciendo cálculos».

«No es tan sencillo como decir que los cinco millones de remanente se nos van a ir de las manos si damos nuestras conformidad a la propuesta», razona la regidora. «Lo que se hace con ese dinero requiere un cálculo complejo en el que entran unas cuantas variables», apunta. Además, subraya, se trata de una operación «voluntaria», por lo que «no resultan creíbles esos alcaldes de ayuntamientos de grandes ciudades que han sobreactuado a la hora de mostrar su oposición al plan».

Desde su punto de vista, la oferta gubernamental es, cuando menos, «digna de consideración», en particular el punto que garantiza la supresión de la regla de gasto durante este año, una ventaja que califica de «muy interesante».

En cualquier caso, Marta Gracia piensa que no puede existir una visión única sobre la gestión de los remanentes, «ya que cada ayuntamiento tiene sus circunstancias particulares y hay que respetar las distintas posturas, sin demonizar a nadie».

Alfonso Adán es el alcalde socialista de Binéfar, una localidad oscense con nueve millones de superávit, y tiene la vista puesta en lo que pasa en el Congreso de los Diputados, que en última instancia decidirá si el ambicioso plan del Ministerio de Hacienda sale adelante, lo que no es todavía seguro, pues la oposición en bloque ha mostrado su desacuerdo y hay fisuras dentro del equipo de Gobierno de la nación.

«Estamos analizando el real decreto ley», asegura Adán, que, al igual que sus correligionarios, se ampara en que el «interés general» será el criterio que determine el uso que se da a los ahorros de la localidad. «Binéfar necesita ese dinero para infraestructuras, no podemos hipotecar nuestro futuro», manifiesta.

El regidor socialista sabe que «se tiene que colaborar» en unos tiempos marcados por la doble crisis sanitaria y económica. Pero, por otro lado, reconoce que «hay que ser prudentes».

Pascual Embid, alcalde socialista de Alagón, en cambio, ve en la oferta del Gobierno central una forma de liberar los cinco millones que su ayuntamiento tiene ahorrados y no puede utilizar. "Es una oportunidad para utilizar un dinero que está parado y del que los vecinos no obtienen ningún beneficio", afirma.

La cautela con la que los alcaldes socialistas abordan la espinosa cuestión de la cesión o entrega temporal de los remanentes (que sería a 10 años vista), desaparece cuando se consulta el parecer de los primeros ediles de otras formaciones políticas.

La oposición se opone

José Manuel Aranda, alcalde popular de Calatayud, una ciudad que se halla dentro de un plan económico y financiero, califica de «surrealista» el plan de entregar al Estado los ahorros de las corporaciones locales, en el que ve «un intento de tapar las vergüenzas» de los problemas causados «por la política económica del Gobierno».

Aranda lamenta que el poder central trate de captar fondos «justo cuando los desembolsos de los ayuntamientos se han multiplicado, en aspectos como las ayudas sociales, al tiempo que no han disminuido los gastos corrientes. «Lo que propone el Ejecutivo es un insulto a la inteligencia», subraya.

Carlos Boné, alcalde de Valderrobres por el Partido Popular, ha puesto de lado 950.000 euros y precisa 600.000 para reconstruir la cubierta del polideportivo, que fue arrasada en enero por la borrasca Gloria.

«Entregar esa suma es perder la tranquilidad que da el dinero ahorrado y tener que recurrir a préstamos», mantiene el primer edil de la capital del Matarraña, para quien la promesa del Ejecutivo de distribuir 5.000 millones entre los municipios a cambio de tener manos libres sobre 14.000 millones es una maniobra que «tiene trampa», máxime si se considera que la cantidad abonada estará condicionada a su uso en inversiones sostenibles, a veces de poca utilidad directa en el mundo rural. "Nos miden con el mismo rasero que a las ciudades", opina el popular Boné.

Curiosamente, las diputaciones provinciales no parecen tener las mismas dificultades financieras que los municipios. Por un lado, la de Zaragoza (DPZ) aprobó hace poco 10 millones para que los pueblos realicen inversiones sostenibles (el año anterior fueron 5,3 millones). Y, por otro, la de Teruel (DPT) acaba de convocar ayudas para los municipios por un importe de 150.000 euros con el fin de que las destinen a la lucha contra el coronavirus y para el fomento de la cultura.

Año de muchos gastos

La propuesta del Gobierno central de que los ayuntamientos le cedan sus ahorros ha cogido a los municipios aragoneses en un difícil momento. Se calcula que el remanente conjunto de los pueblos y ciudades de la comunidad suma en torno a 700 millones de euros, una cantidad a la que los alcaldes, ya antes de la crisis del coronavirus, solicitaban tener acceso, cada uno en la medida de su posibilidades de tesorería, con el fin de poder invertir y poner fin a los largos años de austeridad que inauguró la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Ahora, el Estado no solo no habla de gastar esa reserva de dinero, apilada a base de sacrificios, sino que abiertamente solicita que se le entregue a cambio de unas ventajas financieras que muchos consistorios no acaban de ver claras, sean del color que sean.

El coronavirus ha supuesto para las economías locales incurrir en gastos extraordinarios, totalmente imprevistos, desde costear las tareas de desinfección de instalaciones municipales a adquirir mascarillas y guantes para usuarios, empleados y ciudadanos en general.

Ese gasto, no valorado todavía, se ha realizado en un momento en el que muchos de los servicios públicos prestados por los ayuntamientos llevan meses sin prestarse, pese a lo cual hay que seguir pagando al personal que los lleva a cabo. Se han hecho bonificaciones y rebajas y se han dado todo tipo de facilidades para el abono de las tasas del agua y de la recogida de basuras, entre otros servicios, lo que a su vez ha entrañado una merma de los ingresos municipales por esa vía.

A ello hay que añadir que muchas localidades regentan residencias de ancianos, con las que se ha cebado la pandemia del covid-19, como es el caso de Valderrobres o La Almunia de Doña Godina. O que han realizado inversiones extraordinarias para hacer frente a los rebrotes, como sucede con Fraga, que junto a la Cruz Roja, habilitó un albergue para temporeros de la fruta, uno de los colectivos más vulnerables.

Ante esta tesitura, muchos ayuntamientos han optado por una fórmula inteligente, desviar la totalidad o parte del dinero destinado a las fiestas locales a inversiones muy necesarias, con el fin de que la administración local no se paralice totalmente, algo que no entenderían los vecinos.

Al fin y al cabo, alcaldes y concejales son los políticos que los ciudadanos tienen más a mano y a los que recurren en caso de necesitar ayuda.

Este es el caso de la ciudad de Teruel, donde la coyuntura obligó a suspender las fiestas de la Vaquilla, que contaban con un presupuesto de 730.000 euros. Esa importante suma, en lugar de ir para actos lúdicos, se está destinando a ayudas al pequeño comercio y a incentivar la creación de empleo.

En su día, la alcaldesa de la ciudad turolense manifestó que los gastos generados por el coronavirus hacía que la situación se estuviera viviendo «como un auténtico tsunami económico».

En el caso de La Almunia, Marta Gracia Blanco, su alcaldesa, consideraba por las mismas fechas que los efectos de la pandemia en la marcha del municipio han sido múltiples. Según el cálculo que realizó entonces, que podría haber quedado desfasado, el impacto de la crisis no bajará de los 300.000 euros.

De ellos, la mitad es el montante de las ayudas establecidas para ayudar a las empresas locales, que quedaron muy afectadas por el confinamiento en una zona muy vinculada a la agricultura y a la industria agroalimentaria.

Mayor esfuerzo

Además, hubo que reforzar el personal municipal en distintas áreas, entre ellas las de la limpieza, el mantenimiento de la piscina y las tareas administrativas, que se han intensificado por la necesidad de realizar trámites relacionados con la nueva situación.

En el fondo, todo es una cuestión de prioridades y eso lo han entendido bien todos los municipios, que han centrado el grueso de su esfuerzo en liberarse del covid-19, por más que en unas zonas geográficas, en particular en el valle del Ebro y en el este de la comunidad, la batalla este todavía lejos de haber sido ganada. Lo que a su vez anuncia que todavía tendrán que seguir apretándose el cinturón las finanzas municipales y buscando recursos donde los halla.