El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Gandesa (Tarragona) investiga si dos mandos de la Guardia Civil en Zaragoza pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa y otro de lesiones imprudentes graves al ordenar el regreso de una treintena de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) al cuartel de Casetas desde la central nuclear de Ascó, a pesar de ser conocedores de que dos de los integrantes habían dado positivo en covid-19. De ello se hace responsable a un capitán y un comandante que están al frente de los GRS.
Los hechos denunciados por el abogado de la asociación Jucil, Marco Antonio Navarro, ocurrieron el pasado mes de septiembre. Relata que, pese a que dos agentes habían dado positivo, 34 más que habían estado en contacto con ellos volvieron a Casetas sin quedar en aislamiento.
«Esta orden infringe la obligación de estar en cuarentena en la misma planta nuclear y esperar la realización de las pruebas PCR, según se establece en la normativa sanitaria, para cumplir el confinamiento en sus domicilios de Zaragoza, siendo los responsables de dicha unidad en Zaragoza quienes habrían ordenado este traslado de una provincia y comunidad a otra, con el riesgo que eso puede conllevar a pesar de haber dado negativo en el test rápido», señala la denuncia a la que tuvo acceso este diario.
Asimismo, el abogado señala que «para más inri», los agentes que fueron trasladados a Zaragoza, tras ser sometidos a las pruebas del PCR en esta misma ciudad, varios dieron positivo, «lo que provocó un esparcimiento del virus de forma incontrolada que podía haber sido evitado si se hubiese respetado la normativa sanitaria por parte de los denunciados, y los funcionarios se hubieran quedado en el mismo lugar en el que compartieron espacio con los compañeros infectados por el virus».
Infectados
En concreto, según fuentes de Jucil, la Comandancia de Zaragoza se vio obligada a dejar a cerca de 200 agentes en casa a la espera de los resultados de las pruebas PCR. De ellos, 21 dieron positivo. Destaca la denuncia que constan unos audios enviados a los suboficiales de los GRS en los que se podría escuchar las órdenes en las que se basa la querella.
No es la primera vez que el coronavirus afecta a una parte importante de un destacamento o grupo. En la primera ola, casi la mitad del Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Alfajarín estuvo en cuarentena, después de que cinco de los agentes dieran positivo. Otros dos agentes del mismo cuartel, pero de la unidad de Seguridad Ciudadana, también estuvieron confinados.
Pero no fueron los únicos. Ocho guardias civiles pertenecientes al puesto de Casetas de la Guardia Civil permanecieron en sus casas de cuarentena, después de que la mujer que les escupió durante el arresto diera positivo. Finalmente, ninguno de ellos se infectó. La intervención se produjo cuando un hombre llamó a la sala del 062 para informar que estaba siendo agredido por su novia en su domicilio en Cuarte de Huerva. Cuando llegaron, esta les escupió alertando que tenía el covid-19.
