El TSJA condena a la DGA a pagar 33,5 millones por la obra del tranvía

Eso en lo económico, que ya se verá cómo se afronta en las maltrechas arcas autonómicas. En lo político, quizá es más difícil de encajar, ya que la travesía judicial ha querido que el fallo condenatorio lo tenga que encajar un Gobierno con presidente socialista en el Pignatelli, y que el gran beneficiado sea un alcalde del PP en la ciudad, cuando fue la conservadora Luisa Fernanda Rudi quien decidió dejar de pagar en el 2013 y el socialista Juan Alberto Belloch le reclamó este dinero durante años. Aunque tuvo que ser un equipo de gobierno de otro color, el de ZeC, en el 2018 el que puso la primera pica de este litigio en los tribunales. Dos años después, el fallo le reportará al conservador Jorge Azcón 33,5 millones en el momento más delicado de las arcas municipales

Aunque esa inmediatez sería algo idílico, fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron ayer que se está estudiando en profundidad la sentencia y decidirán en el plazo de 30 días que se le concede la presentación del recurso de casación en el Tribunal Supremo. Si lo hace, a saber de qué color político es el presidente que los abona y el alcalde que los cobra.

Este conflicto parte de un acuerdo de consenso, de los que se daban antes entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando en el 2009 firmaron un convenio por el que ambos se comprometían a cofinanciar la línea Valdespartera-Parque Goya del tranvía de la capital. En ese pacto, se pautaban una serie de anualidades para que el Ejecutivo autonómico aportara 58.303.500 euros a la obra, de los cuales solo ha abonado 24.758.415 euros. En el 2013 dejó de pagar la anualidad, casi diez millones, y tampoco atendió la del 2014 (otros 10) ni la del 2015 (otros casi 5). Tras dos años de trifulca política, en el 2017 el Gobierno aragonés decidió finiquitar ese convenio con un acuerdo unilateral que fijaba en 8.715.090,21 euros, que amplió a 8.987.048,32 en en marzo del 2018 y que ya ha abonado. Pero la decisión solo dejaba al consistorio la vía de los tribunales para esos 33.545.085 euros que ahora el TSJA le reconoce.

Son, precisamente, estas decisiones unilaterales, las del 2017 y el 2018 las que son objeto de la sentencia, ya que el ayuntamiento pedía declararlos nulos. Y uno de los aspectos clave para llegar hasta ella por parte del tribunal es la consideración de la propia naturaleza del convenio. Así, la «pretendida» consideración como una subvención que hace la DGA es «improcedente» y respalda la que hace el consistorio, de ser un acuerdo «interadministrativo de colaboración y cooperación», dice.

Para llegar a eso, los magistrados ven relevante la invocación expresa en el documento de su ánimo de colaborar económicamente en el proyecto, destinar a esta obra «los ingresos obtenidos» por la venta del 10% del aprovechamiento del Parque Tecnológico del Reciclado y haber cofinanciado proyectos previos como la elaboración del Plan de Transportes del 2007 que incluía esta línea.

Esta interpretación respalda que sus obligaciones económicas fijadas en el acuerdo del 2009 deben cumplirse. Y estas se marcan con detalle. De hecho, entonces se comprometió a aportar 64,5 millones, el ayuntamiento ponía otros tantos y así ambos sufragaban 130 de los 400 millones en los que se estimó el contrato con los socios privados con los que conformaron una sociedad mixta Los Tranvías de Zaragoza. Pero ahora se habla de 58,3 millones, no 64,5, porque este se adjudicó, recuerda el fallo, por 345.525.003 euros y se acabó ejecutando por 9.016.820 menos, de manera que esos 130 millones a partes iguales se debían quedar en 116,6.

Dicho esto, da total validez a los informes periciales encargados por el ayuntamiento a la empresa Moore Stephens que, subraya el TSJA, no han sido refutados por la DGA.