Representantes del Colegio profesional de Trabajadores Sociales se reunieron la semana pasada con el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, para entregarle un informe en el que detallan las deficiencias, tanto en el servicio como legales, que según ellos presenta la línea 900 que el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha con el inicio del anterior estado de alarma para atender las llamadas que recibían los centros municipales de servicios sociales. El Justicia, cuentan desde el Colegio, ya ha admitido a trámite estudiar este caso. «Un punto a favor» en su lucha contra este teléfono.

El consistorio puso en marcha este servicio, que opera la empresa Atenzia, como un recurso «ágil y efectivo para mejorar la atención a la población vulnerable». Desde marzo, los centros de servicios sociales están trabajando a puerta cerrada y para obtener una cita es necesario primero concertarla por teléfono. En ese momento es cuando la llamada se deriva a la línea 900, donde un trabajador de esta empresa evalúa el caso y decide a qué servicio derivarlo. «En abril era posible equivocarse, pero a estas alturas nos parece un desastre», asegura la presidenta del colegio, Cristina Solá.

La existencia de esta línea supone que una persona ajena al sistema público «filtre y decida la urgencia de cada caso». «Es como si llamas a tu centro de salud y, en lugar de atenderte, te coge una persona de una empresa privada que decide la urgencia de tu caso y si darte cita o no. Además, si tienes asignada una trabajadora social, no puedes hablar directamente con ella. Tienes que pasar el filtro de la línea 900. Es como si un médico no puede atender a su paciente», denuncia.

Asimismo, la externalización del servicio es, para Solá, «una falta de reconocimiento total a los equipos de trabajadores de los servicios sociales municipales» porque «no les permiten intervenir». En su opinión, estos «acaban trabajando para una tabla de Excel generada por la línea 900», lamenta. Y asegura que esta impide una correcta colaboración entre administraciones. «Si desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) queremos ponernos en contacto con un centro tenemos que pasar por la línea 900», cuenta.

Así, sumando estas quejas y aportándole una base legal, el colegio confeccionó el informe entregado al Justicia. En él se explica que la privatización del servicio podría contravenir alguno de los artículos de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón. Así, esta norma establece que la gestión de estos servicios debe ser «directa», es decir, pública. Y establece que las «personas destinatarias de los servicios sociales» tienen derecho a «contar con una persona que actúe como profesional de referencia que sirva como elemento de contacto permanente».

«El dinero que se gasta en la línea 900 podría destinarse a reforzar las plantillas en un momento en el que los centros municipales no tendrían que estar al 100%, sino al 150%», denuncia Solá.