El enésimo plan de choque de Aragón para abordar las elevadas cifras de las listas de espera, un problema estructural gobierne quien gobierne, marca un ambicioso objetivo: reducir un 85% las actuales demoras de larga duración, que afectan a 7.450 pacientes, en un periodo de dos años.

El proyecto, presentado por la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, en el pleno de las Cortes, contempla actuaciones para los años 2021 y 2022 y llega en un momento de crisis sanitaria donde la gestión está muy condicionada por la pandemia del coronavirus. No es el primer plan de choque ni será el último porque todos los consejeros de Sanidad que ha tenido la DGA han presentado alguno. Y las listas de espera no desaparecen (algo muy difícil) ni tampoco caen a cifras más razonables.

El plan de ahora, en cualquier caso, tiene un hándicap nuevo como es el covid, que ha disparado las demoras a números históricos en Aragón, pero Repollés se mostró firme en la propuesta: «Es realista, ejecutable, con un cronograma de actuaciones y una memoria económica bien definida», dijo. Desde agosto las listas de espera se han reducido en alrededor 3.500 personas y para continuar con esa línea de bajada el proyecto del Salud contempla también aumentar el rendimiento quirúrgico en los hospitales públicos hasta el 69% en horario de mañana y el 61% en horario de tarde de forma progresiva hasta el 2022. La media actual es del 66%.

También se aumentará la oferta de actividad programada en un 14% en los dos próximos años, de modo que el objetivo, según dijo Repollés, será realizar alrededor de 121.000 intervenciones (se hicieron 106.138 en el 2019). Para ello se ha previsto una dotación de 13,1 millones de euros hasta el 2022 destinados al incremento de actividad en centros propios.

SANIDAD PRIVADA / Entre los retos más inmediatos está el fijado para el día 31 de este mes. «A esa fecha no habrá pacientes oncológicos pendientes de operar con más de un mes de espera», aseguró la consejera de Sanidad.

Una de las patas fundamentales del proyecto (de este y de todos los planes de choque que han pasado por las Cortes relativos a esta cuestión) pasa por las derivaciones de procesos a la sanidad privada. Repollés no rehuyó de ello y reconocido que sería «una falta de responsabilidad» no utilizar estos recursos disponibles en Aragón para aligerar las esperas. «Ahora bien, siempre usando en primer lugar los medios de la sanidad pública», defendió.

Desde hace una semana, la clínica del Pilar de Zaragoza ya opera pacientes de la pública en la especialidad de Traumatología, mientras que desde este jueves lo hace también el Militar. La fórmula pasa por el desplazamiento de cirujanos del Salud a la privada, que ofrece su instalación, sus camas y su personal de anestesia y enfermería. Las relaciones se intensificarán en los próximos años y, según la memoria económica del plan de choque, para el 2021 el concierto de operaciones contemplado es de 6.581.000 euros y de 6.910.050 para el 2022. Es decir, más de 13 millones en dos años.

Por parte de los representantes de los diferentes grupos políticos, Álvaro Sanz (IU) pidió «avanzar más en lo estructural» y solicitó una «reorganización de los recursos humanos», mientras que Itxaso Cabrera (Podemos) se mostró muy crítica por las derivaciones y la colaboración con la privada para resolver el problema.

Desde el PAR, Esther Peirat dijo que las demoras «deben estar dentro de parámetros aceptables» y Susana Gaspar (Ciudadanos) echó en cara a Repollés que no les hubiera enviado el plan con antelación. Isabel Lasobras (CHA) pidió mejorar la eficacia para adelantar procedimientos y Santiago Morón (Vox) dijo que la gente «se tienen que buscar la vida en la privada» debido a las demoras. Por parte del PP, Ana Marín criticó la «falta de soluciones» por parte del Gobierno y Olvido Moratinos (PSOE) alabó la transparencia de la DGA con las cifras