El Gobierno de Aragón ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Zaragoza solicitando más información sobre el proyecto de reforma del antiguo cuartel de Pontoneros, en el que Jorge Azcón quiere construir una residencia de estudiantes privada mediante la fórmula de cesión de suelo. Para poder llevar a cabo su proyecto primero tuvo que modificar los usos del suelo --lo hizo gracias a los votos a favor de Vox-- y es en este aspecto donde parece que han surgido las dudas. Este proceso podría retrasar, todavía más, las expectativas y los planes del alcalde.

La reforma de este edificio, catalogado con grado de interés monumental, es una apuesta clara de Azcón, que va a recurrir a la financiación privada para poder ejecutar uno de sus proyectos estrella de la legislatura. No es el primero que intenta dar una salida al antiguo cuartel. Lo hicieron Juan Alberto Belloch y también Pedro Santisteve, pero sin éxito, y ahora el conservador ha optado por recurrir a las manos privadas para evitar que la mala situación económica de las arcas municipales impida hacer realidad este proyecto que, por otro lado, servirá para revitalizar el barrio.

Nuevo obstáculo

Pero Azcón se ha encontrado con un obstáculo con el que no contaba, la DGA, que ha solicitado más información sobre el acuerdo adoptado por el Gobierno de PP-Cs en octubre del 2020 en el que se aprobaba la modificación del PGOU planteada desde el área de Urbanismo, que ayer aseguró que no había recibido el requerimiento. Avalado por el pleno en diciembre, se recalificaron cuatro parcelas, dos de ellas para la residencia. El consistorio tendrá 20 días hábiles para responder. El requerimiento coincide con la presentación del proyecto de presupuestos de Azcón, que hoy los dará a conocer y que, previsiblemente, incluirán una partida con la que comenzar a redactar el proyecto de Pontoneros.

Según el expediente, el consistorio mantendrá la titularidad del suelo que será cedido durante el plazo máximo que permite la ley sobre el uso suelo. Esto se hará así por «la incapacidad económica del ayuntamiento para promover una residencia universitaria de esta magnitud y con la constatación por Zaragoza Vivienda de que no habría particulares interesados en ejecutarla si su explotación se limitara a los plazos legales de las concesiones de suelos de equipamiento público». Al tratarse de patrimonio público, el consistorio puede transmitir el derecho de superficie pero no el pleno dominio.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ya manifestó sus dudas sobre la «legalidad» de esta cesión ya que se están calificando equipamientos públicos como privados. Según el edil, el artículo 113 de la Ley Urbanística de Aragón solo se permite este tipo de cesión para construir vivienda pública u otros fines sociales».