Prisión provisional. Esa acaba de ser la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, con respecto a la madre y la pareja sentimental de esta por la muerte de Laia, de tan solo 2 años.

Ambos se acogieron a su derecho a no declarar, por indicación de sus abogados defensores Armando Martínez y Teresa Fonz, si bien la magistrada se apoyó en la investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. La Fiscalía había pedido prisión.

La pequeña presenta golpes en buena parte de su cuerpo y eso unido a que hay unos expedientes de seguimiento por parte de los servicios sociales de Gerona por malos tratos en el ámbito familiar llevaron a la Policía Nacional a detener a la madre, V. M. P., de 29 años, y a la actual pareja de esta, C. L. V, 33 años. Ambos de origen español. El pasado mes de agosto volvieron a tener la custodia de los cuatro niños, tras serles retirada, tal y como pudo saber EL PERIÓDICO.

El arresto se produjo en la tarde noche del viernes en una vivienda del número 2 de la calle María Sánchez Arbós, del zaragozano barrio del Picarral. El día de antes, a las 22.50 horas, ya habían estado agentes del Cuerpo Nacional de Policía tras recibir una llamada de auxilio. Una niña se había caído y estaba inconsciente, según relató la pareja a unos vecinos. Estos llamaron al 112 SOS Aragón que, a su vez, activó al 091 y a la uvi móvil del 061. «Bajó con ella en sus manos, los ojos no tenían brillo, pero le hice el boca a boca durante diez minutos», señaló Mariano Fernández, de 62 años. Este hombre destacó que no oyeron ningún golpe, ni discusión esa tarde ni en los tres meses que llevaban viviendo de alquiler en ese pequeño piso. «Nos despertaron llamando al timbre, no entendía nada», apostilló este hombre.

Cuando llegaron los sanitarios y los policías, este zaragozano dejó paso a los primeros para seguir realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar, si bien nada pudieron hacer por salvarle la vida, procediendo a certificar su muerte.

El cuerpo de Leyre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde en la jornada del viernes se le realizó la pertinente autopsia. Allí quedaron patentes los golpes que los propios vecinos relataron: moratones en la cabeza, boca y en el costado. Unas lesiones que, curiosamente, eran visibles cuando V. M. P. y C. L. V. bajaron al portal de la vivienda a pedir auxilio a Mariano y Pilar. La menor iba mojada. Situación que extrañó a los vecinos, si bien la madre explicó que la introdujeron en la bañera para intentar reanimarla pero que no lo consiguieron.

La madre arrestada durante el registro de la vivienda. ÁNGEL DE CASTRO

La opción de que la menor se ahogara estaría descartada, así como la asfixia. También están pendientes de algunos análisis como el de tóxicos para intentar saber de qué pudo morir la menor.

Pese a todo, los investigadores abrieron las diligencias como un delito de asesinato a falta de que se determine el papel de cada uno de los sospechosos en la muerte violenta de Leyre. En dependencias policiales ambos se acogieron a su derecho a no declarar por indicación de sus abogados pertenecientes al Turno de Oficio, ya que no pudieron tener acceso al atestado y desconocían qué pruebas tienen en su contra.

Ante la negativa a dar una versión de los hechos, el Grupo de Homicidios y la Brigada de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón decidieron trasladarse al pequeño domicilio familiar en el que vivían seis personas, dos adultos y cuatro menores de edades entre los 10 años y los nueve meses. Junto a ellos fueron los dos arrestados, V. M. P. y C. L. V., acompañados de sus letrados. Fue cuando estaba anocheciendo.

En el interior del piso realizaron un registro, previa autorización del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, para recabar todas las pruebas posibles que pudiera haber en el interior. No hubo reconstrucción de los hechos. Los dos jóvenes se mostraron nerviosos durante la intervención policial, llegando incluso a hacer comentarios que llevaron a los policías a pedirles silencio.

La Policía Nacional conduce al detenido al interior de su casa para el registro. ÁNGEL DE CASTRO

Desde dentro de la casa podían escuchar los gritos de la gente que estaba en el exterior increpándoles. Fue en ese momento cuando C. L. V. solicitó que se le pudiera poner una chaquetilla sobre la cabeza para que no le viera la cara el resto de vecinos y para evitar que se la grabaran los medios de comunicación que pudieran estar en la calle.

De ahí fueron a la comisaría del distrito Actur donde durmieron en los calabozos a la espera de que hoy, si no hay cambios de última hora, sean puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. Su magistrada, Mercedes Terrer, será la que tenga en su mano si acordar prisión o libertad para los sospechosos a la vez que se inhibirá en favor del Instrucción número 12, que era el que estaba en funciones de guardia cuando ocurrió esta muerte por posibles malos tratos. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales y los tres menores han quedado en custodia de los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.