El Justicia de Aragón se ha pronunciado sobre la polémica surgida entorno a la línea de atención telefónica 900 que puso en marcha el área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza durante el confinamiento. Tras la queja presentada por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Ángel Dolado concluye que la externalización o privatización de este servicio es legal siempre que se limite a realizar una función de call center, tramitando las citas previas, y «no asuma funciones de información, gestión de evaluación, valoración, orientación y diagnóstico», un trabajo que queda «normativamente reservado» para los empleados públicos y especializados, y que los llevan meses denunciando que es lo que sucede. Sin embargo, sí que menciona en varias ocasiones que es preferible que este tipo de atención se realice de forma directa.
El informe del Justicia ha dado lugar a interpretaciones de lo más dispares. El equipo de Gobierno de PP-Cs ha celebrado que el representante del pueblo avale la línea 900 y los trabajadores sociales (y grupos de la oposición) que critique su externalización e inste al ayuntamiento a una gestión directa y pública de la atención social.
Versiones
«El Justicia deja en evidencia que este instrumento de cita previa es perfectamente válido y legal, que ha ayudado a miles de familias y que va a seguir haciéndolo», ha declarado el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, mientras varios empleados se manifestaban a las puertas del centro municipal del Actur.
Como ya han hecho en otras instalaciones, se han concentrado para denunciar que esta ocurriendo lo que el representante del pueblo dice que, en ningún caso, puede suceder, y es que los empleados de la línea 900 asuman tareas que no les corresponden, sus funciones de trabajadores sociales. «Constata el incumplimiento de la legislación en materia de Servicios Sociales», han dicho desde el colegio de profesionales, que ha vuelto a solicitar que se cancele el servicio telefónico.
El Justicia hace mención a Ley 5/2009 de Servicios Sociales que «garantiza el derecho universal de acceso a los servicios sociales» y que, matiza, admite «con ciertas condiciones, la participación y colaboración de la iniciativa privada». Menciona que esta norma «otorga a este servicio de atención social el carácter de prestación esencial» y alude a que determinados servicios deben prestarse desde lo público, como «los de información, gestión, evaluación, valoración y diagnóstico, tanto básico como especializado».
Desde el equipo de Gobierno de PP-Cs aseguran que estas funciones están reservadas parar los trabajadores sociales, aunque estos los niegan y aseguran que gestionan servicios que no les corresponden.
En su informe insiste en varias ocasiones en que la Administración tiene la «obligación» de dotar a los centros de personal para la prestación «directa» de los servicios sociales. Así, resume que la línea 900 solo podría servir para ejercer de call center y concretar las citas previas con los profesionales.
En cualquier caso, el Justicia insta al consistorio a aclarar y detallar las funciones que debe desempeñar la línea 900.
Por otro lado, recuerda que el ayuntamiento todavía no ha aprobado el Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales como dicta la norma autonómica. Fuentes municipales aseguraron que ya se está trabajando.
