La libertad de expresión también debe amparar manifestaciones que no son cómodas para el sistema y permitir expresiones que deben ser condenadas con el reproche social antes que con la cárcel. Una postura compleja a primera vista en la que coinciden en Aragón tanto abogados como expertos en derecho constitucional. «Desde múltiples sectores se ha planteado que es necesario precisar el debate sobre lo que se puede decir y lo que no, sin embargo es necesario afrontarlo con serenidad», asegura el sociólogo de la Universidad de Zaragoza, Diego Gastón.

La detención del rapero Pablo Hasél ha desatado una ola de protestas que también han llegado a Aragón, aunque sin que se registraran incidentes violentos como los de Madrid y Barcelona. «La descomposición política no ayuda a un debate que tendría que ser racional», asegura el secretario general de la Fundación Giménez Abad, letrado de las Cortes de Aragón y profesor de Derecho constitucional en el campus público, José Tudela. Una realidad que eclipsa el hecho de que la democracia española siempre recibe buenas notas, salvo pequeños reproches vinculados con la libertad de expresión.

«Hace falta una reforma penal para que nadie acabe en la cárcel por decir determinadas cosas en una canción, pero hace falta hacerla sin la contaminación política actual, por eso lo mejor sería dejar enfriar lo ánimos de la discusión pública al máximo», reconoce.

El debate no debería verse solo en blanco y negro, por eso están preparando a través de la Fundación Giménez Abad una jornada en la que poder aportar matices necesarios. «La fortaleza de una democracia se refleja cuando es capaz de afrontar este tipo de cuestiones», insiste al celebrar la «isla política» que en Aragón permite tener debates más sosegados pese a la presencia de ocho partidos. Una realidad que se refleja en la existencia misma de la fundación.

El abogado y profesor de Derecho de la Información en la Universidad San Jorge, Javier Lasheras, reconoce que la posibilidad de expresar cualquier opinión es un derecho que tiene «un protagonismo preponderante» a la hora de enfrentarlo con otras libertades. Sin embargo, pide una reflexión «sosegada» para analizar cómo afectan estas cuestiones a asuntos como la dignidad. «Hace falta un ejercicio de empatía, también se tiene que pensar en las víctimas, pues a veces cuestiones asociadas al humor se pueden entender como una humillación».

Debate en el aula

En el aula se ha presentado este mismo debate que siempre acaba fagocitado por el «trasfondo político» de lo que se expresa. También por el contexto social o institucional. Así, destaca que en países en los que no ha existido un problema de terrorismo no tendría sentido legislar en esta materia.

La abogada Ana Sebastián, integrante de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ), es más rotunda a la horade analizar la situación actual hasta el punto de considerar que el Código Penal «criminaliza la libertad de expresión». Por este motivo reclama una reforma que será «difícil de alcanzar» a pesar de que en otro tipo de cuestiones las mayorías aparecen como por sorpresa. «Un buen sistema democrático tendría que garantizar este derecho» que considera limitado por disposiciones como la ley mordaza. Pone como ejemplo el caso de Idrissa Gueye, presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA), que ha sido recientemente absuelto de un delito de injurias y calumnias a la Policía Local de la ciudad.

El debate no solo enfrenta posiciones teóricas, pues en las calles se han producido revueltas. El sociólogo Gastón señala que la coincidencia de múltiples factores con el encarcelamiento de Hasél ha desatado una tormenta casi perfecta que confía no se extienda a Aragón.

«Los jóvenes están viviendo con una altísima tasa de desempleo y en el debate público se han mezclado asuntos como el cansancio por el confinamiento, las elecciones catalanas y los escándalos de la casa Real», analiza.