Las entidades memorialistas altoaragonesas han iniciado una campaña pública para garantizar que se cumple la ley aragonesa de memoria histórica. Y no descartan tener que acudir a los tribunales contra la capital oscense si fuera necesario. La razón principal es la reciente desestimación por el Ayuntamiento de Huesca de la solicitud del cambio de denominación para varias calles de adscripción franquista en la ciudad. Y también buscar promover la retirada de la placa contraria a la memoria democrática que se encuentra ubicada en el patio municipal. Para ello están pidiendo el apoyo ciudadano de forma que puedan hacer frente a los gastos judiciales que implicará tramitar una denuncia contra el consistorio encabezado por el alcalde socialista Luis Felipe.
Los entidades Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), entre otras, han redactado un manifiesto en el que tratan de fijar su postura. «El franquismo político y sociológico alojado en instituciones como el Ayuntamiento de Huesca, el de Zaragoza, o el de Calatayud y aun otros que se niegan a retirar los símbolos de la dictadura, se alimenta de un contexto de sospechosa permisividad favorecido por el Gobierno de Aragón a través de la consejería de Cultura», aseguran.
Discursos reaccionarios
«Consideramos que el desenvolvimiento y expansión de la ley de memoria democrática debe ocupar un lugar central en la construcción de políticas sociales y en el ejercicio de los derechos democráticos frente a los discursos reaccionarios y el avance de los postulados ultraderechistas que no son signo de los tiempos, sino amenaza real de un fascismo que cala en la sociedad desinformada, acrítica y contemplativa», alertan en su documento.
La reclamación se puede suscribir en la página web de las entidades de memoria histórica. Asimismo, «dada la naturaleza del recurso contencioso administrativo y los gastos relativos a la interposición por medio de abogado y procurador» solicitan el apoyo económico de la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Huesca redactó un informe con la intención de «resignificar» un vestigio franquista que se encuentra en la entrada del consistorio, una decisión que va contra las normas en defensa de la memoria histórica.
