Varias asociaciones y colectivos, entre los que figuran la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y la Coordinadora de Vivienda de Aragón, se oponen a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer una residencia de estudiantes privada en el antiguo cuartel de Pontoneros.
Estos colectivos han pedido que se paralice la tramitación del expediente de la modificación aislada 176 del PGOU al entender que la cesión del derecho de superficie sería una "privatización de suelo encubierta", que además sería por "la friolera" de 99 años.
El responsable de Urbanismo de la FABZ, Juan Carlos Crespo, ha justificado que no se tramite la modificación del PGOU porque "eran correctos" los usos mixtos del anterior proyecto que contemplaba vivienda social de alquiler, con viviendas tuteladas y pisos para estudiantes con zonas comunes. Esta propuesta se idea en el anterior mandato del Gobierno de ZeC en el Ayuntamiento, pero no se llega a ejecutar por falta de apoyos suficientes.
A su parecer, el proyecto que quiere aprobar el equipo de gobierno PP-Ciudadanos es una "privatización más del suelo municipal al que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la ciudad al realizar operaciones a la carta". Entre ellas, ha citado la venta del suelo al Grupo Quirón y la venta prevista de los antiguos suelos de Alumalsa.
Juan Carlos Crespo ha explicado que la cesión de derecho de superficie durante 99 años en el antiguo cuartel de Pontoneros es una "privatización encubierta, mediante la denominada colaboración público-privada, en la que el suelo lo pone el Ayuntamiento y los beneficios una empresa privada para la construcción de una residencia de estudiantes".
"Esta no es la finalidad del suelo público y las modificaciones del PGOU son para actuaciones muy concretas", ha defendido Crespo. Por ello, ha planteado volver al proyecto de los usos mixtos de gestión pública porque ahora "lo importante es paralizar la reforma del PGOU y más adelante se pueden hacer más propuestas".
Otro objetivo es la defensa del patrimonio público, de los restos musulmanes hallados en este entorno y la constitución de una plataforma para que se movilice contra la "privatización" del derecho de superficie por 99 años de cesión que "no deja de ser una privatización encubierta", ha abundado.
Crespo ha comentado que la actuación en Pontoneros tendría que tener relación con la reforma integral del Plan especial de protección del entorno de las calles Zamoray-Pignatelli para que no se convierta en un foco de degradación y, además, en colaboración con el Gobierno de Aragón porque también tiene competencias en materia de vivienda y "no acometer las zonas más nobles, como la plaza de San Ildefonso".
La miembro de Apudepa, Belén Boloqui ha recordado que este expediente tiene 24 años porque forma parte de la 'operación cuarteles' y en los años 90 estaba previsto construir un polideportivo previo derribo del edificio. Entonces se inicia un proyecto de catalogación para proteger el inmueble como edificio de interés arquitectónico y monumental.
