Ser examinado pocas veces es plato de buen gusto. Y menos si eres una institución acostumbrada a ser la que examine. A pesar de ello, desde las instituciones y universidades aragonesas no han recibido con demasiado desagrado las conclusiones del informe del Observatorio del Sistema Universitario, que suspende a los dos campus de la comunidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos que el ministerio busca que sean ley.

Desde la Consejería de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón, su responsable, Maru Díaz, explica que los criterios actuales eran complicados de cumplir debido a los recortes económicos de los gobiernos del PP en la última década.

Según Díaz, los recortes tienen la culpa de que el porcentaje de profesores temporales sea tan alto, «puesto que estos puestos han disminuido en favor de figuras más precarias». «En cualquier caso el cambio normativo representa una oportunidad no solo para apresurar una solución en cuanto a la precariedad en la universidad sino también para garantizar una mayor calidad», dice Díaz, de Podemos, el mismo partido que sostiene a Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades.

Asimismo, desde la Consejería apuntan que «en los últimos años se han multiplicado las universidades privadas online que no cumplen con lo que todos entendemos que debe ser una universidad», y que la nueva ley acabará con esas fórmulas que restan calidad al sistema universitario español.

Por otra parte, la Universidad San Jorge, que no sale muy bien parada en las conclusiones del informe, precisa que «alguno de los datos que aporta el informe están desactualizados», por lo que los resultados no serían tan negativos como se desprende del estudio del Observatorio del Sistema Universitario.

Así, este centro asegura que cumple con todos los requisitos sobre la oferta docente puesto que se siguen todas las directrices sobre la oferta de grados (17), ramas del conocimiento (tres de las cinco que existen: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura) y porcentaje del alumnado de los grados (82,5% frente al 50% que será obligatorio).

«La universidad analizó ya el borrador del decreto que el ministerio quiere aprobar y se considera que los ajustes necesarios, que son mínimos, son factibles en el plazo establecido de cinco años», afirman además desde la San Jorge.

Por último, la Universidad de Zaragoza se remite a la nota de prensa que hizo pública la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en las que expresaban su conformidad con el decreto del ministerio. La norma, explican, «da un plazo de cinco años para cumplir con los requisitos exigidos y debemos indicar que, en aspectos como los datos relativos a las plantillas de las universidades públicas, por ejemplo, se aprecian ahora y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica». La ley, pues, tratará de cambiar esta realidad y la Universidad de Zaragoza quiere hacerlo.