El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará a la DGA más de 2,7 millones de euros en concepto de IBI que no se han abonado desde el 2015 correspondientes a seis edificios emblemáticos de la Expo. Lo hará tras haber conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula el decreto del 2014 del Gobierno de Aragón que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) hasta ocho inmuebles del recinto para eludir el pago de este impuesto. Según las primeras estimaciones del área de Hacienda, el consistorio debería ingresar «como mínimo» un total de 2.695.734,87 euros en este concepto, así que en la casa consistorial ya está toda la maquinaria en marcha para preparar el expediente correspondiente y girar los recibos desde el 2015, cuando entró en vigor el decreto y año desde el que van a reclamar, además del que afecta al 2021.

Se da la paradoja de que fue la popular Luisa Fernanda Rudi en coalición con el PAR la que, al frente del Ejecutivo autonómico, decidió catalogar el pabellón Puente, el de España (en este caso el titular es la Delegación del Gobierno de Aragón), el de Aragón, el Palacio de Congresos, la Torre del Agua y el Hotel Hiberus (de la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones) para evitar pagar su IBI. Solo aquellos que han desarrollado actividades han tenido que abonarlos, aunque no al 100%. Sucede por ejemplo con el hotel, la Torre del Agua y el Pabellón Puente.

La DGA podría apelar ante el Tribunal Supremo la sentencia, de julio del 2019 y recientemente notificada al consistorio. Así lo especifica el TSJA en una diligencia de agosto de ese mismo año, en la que indica que cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación. A la espera de la decisión del Gobierno autonómico, desde Hacienda puntualizan que la sentencia es firme y que debe ejecutarse.

Estimaciones

La concejala de Hacienda, María Navarro, indicó ayer en la comisión de su área que «como mínimo» el Gobierno de Lambán tendría que abonar tres millones por el IBI. Desde su área aseguraron que podrá reclamarse la cuantía correspondiente desde el 2015, más los intereses de demora, por lo que a la estimación es solo la cifra de salida que, aseguraron, se verá incrementada.

Sucederá porque ahora el catastro tendrá que actualizar el valor de los inmuebles para recalcular los impuestos que deberá abonar el Ejecutivo aragonés desde este año. Una vez suceda, el consistorio zaragozano procederá a reclamar los adeudado y el presente ejercicio.

Será un Gobierno del PP en Zaragoza, en coalición con Cs, el que reclame ahora a la DGA el coste de una decisión que adoptó en su día el PP al frente de la institución. Y será el gobierno socialista de Lambán el que tenga que costear el resultado de un largo proceso judicial que inició el PSOE cuando estaba al frente de la Alcadía, con Juan Alberto Belloch al frente.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) incidió mucho en este asunto. El entonces concejal de Economía y ahora portavoz de Podemos en la oposición municipal, Fernando Rivarés, instó al equipo de Gobierno de PP-Cs a que reclame la cuantía correspondiente durante la comisión de Urbanismo de este lunes y en la que se dio cuenta de la sentencia.

La deuda entre el Ejecutivo y el ayuntamiento se eleva a 53 millones

El Gobierno de Aragón adeuda al Ayuntamiento de Zaragoza 53,4 millones de euros, de los que gran parte son de las obras de la línea 1 del tranvía. De total, 19,7 millones corresponden al presente ejercicio, en concreto, a los 12,9 del convenio marco de los servicios sociales; 6,6 de la encomienda de gestión del servicio de teleasistencia; y 90.705 de un convenio sobre integración. El resto, hasta 33,8 millones, son deudas pendientes de otros años y de los que prácticamente la totalidad, 30,6 de Urbos 3. Según explicó la concejala de Hacienda, María Navarro, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) solo adeuda 669 euros; Correos otros 265.659; la sociedad Zaragoza Cultural 596.803 y la Unión Europea otros 335.423 de proyectos conjuntos o que son financiados.