El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) fallará y votará este miércoles sobre el recurso de apelación presentado por la Fundación 14 de Abril por el que esta organización pedía al Ayuntamiento de Zaragoza que retirara del callejero cinco nombres relacionados con el régimen franquista y el golpe de Estado de 1936. Casualmente, la decisión se tomará mañana 14 de abril, cuando se cumplirán 90 años de la proclamación de la II República española.

«Confiamos en la Justicia, aunque no sé si la fecha escogida será premonitoria», ríe Adolfo Barrena, presidente de la fundación, que presentó el recurso después de que la Justicia, en primer lugar, rechazara los cambios de nombres propuestos, aunque cabía recurso.

Las vías en cuestión son: Pedro Lázaro, Agustina Simón, Arzobispo Domenech, Miguel Allué Salvador y Gonzalo Calamita. Precisamente «solo» estas dos últimas son las que la DGA ha pedido cambiar al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que para la Fundación 14 de Abril e Izquierda Unida resulta insuficiente. «Domenech fue el que llamó al resto de obispos a sumarse al golpe, al que denominó cruzada», explica Barrena. Simón, por su parte, fue una enfermera que trabajó de la mano con los requetés y Lázaro, si bien fue un soldado raso, el primero del barrio de La Jota en morir en el frente, su nombre sustituyó en el callejero al del militar republicano Fermín Galán. «Cuando se puso la calle de Pedro Lázaro la documentación dice que murió en este glorioso movimiento, y eso no se merece una calle», apuesta Barrena.

Más allá de la decisión del TSJA, el grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón ha interpelado al Gobierno de Aragón para que dé explicaciones sobre el informe que ha remitido al Ayuntamiento de Zaragoza en el que solo pide que se cambie el nombre de las calles Gonzalo Calamita y Miguel Allué Salvador y no el resto. «El hecho nos parece muy grave por cuanto demuestra, una vez más, el nulo interés que tiene el cuatripartito que gobierna en el desarrollo y cumplimiento de la ley que espera, desde hace dos años, que se ponga en práctica», critica el coordinador general de IU en Aragón, Álvaro Sanz, en referencia a la Ley de Memoria Democrática que impulsó el anterior Ejecutivo de Lambán.