Por las grietas del cuatripartito se ha filtrado agua en los últimos días, después de que la semana pasada se conociese la sentencia de la Audiencia Nacional, que ordenaba paralizar las obras del pantano de Mularroya. CHA se adelantó para calificar como «rotundo fracaso» las políticas hidráulicas, además de un «profundo despropósito», línea en la que se ha movido también Podemos pero que difiere de la de los otros dos socios de Gobierno, que ya han instado al ministerio de Teresa Ribera a que recurra el fallo. Hay discrepancias en el cuatripartito, lo admiten, aunque esta vez no llegará la sangre al río, ya que la decisión sobre el recurso queda en manos del Ejecutivo central.

La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo cuatripartito, Mayte Pérez, aseguró ayer que las diferencias drásticas entre la postura de PSOE y PAR, que piden recurrir la sentencia, y Podemos y CHA, que afirman que esta demuestra que las obras no deben continuar, «es una discrepancia asumida» en el seno del Gobierno.

«¿Quién dijo que esto era fácil?», se preguntó Pérez al ser cuestionada por cómo gestiona el Ejecutivo una discrepancia tan relevante entre los socios. «Cuando hablamos de coordinación, hablamos de esto. Cuando generas equipos donde hay más gente, hay que buscar el interés común y aquello que nos une», señaló antes de admitir que hay que pactar «incluso las discrepancias», y esta era una discrepancia «asumida».

«Una inversión que ya está al 80% de su ejecución y que es iniciativa del Gobierno de España vemos absolutamente necesario que continúe», concluyó la consejera, con quien coincidió el portavoz del PAR, Jesús Guerrero. «Las discrepancias entran dentro de lo que es el cuatripartito. Respetamos las decisiones judiciales, pero creemos que en una obra como esta el ministerio tiene que recurrir. Nadie entendería que ahora, a punto de terminar los trabajos, se dejaran sin acabar. Sería esperpéntico, estamos hablando del futuro de miles de familias». Los acuerdos, incidió Guerrero, están recogidos en el pacto de gobernabilidad, «donde consta que el agua es un motor». «Pero eso no quita para que cada cual tenga sus ideas y se respeten las del resto».

Enfrente, Podemos Aragón se fue a Madrid a comparecer a las puertas del Congreso de los Diputados junto al portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, Juan López de Uralde, y el jefe de gabinete de Maru Díaz y responsable de la España Vaciada de Podemos, Andoni Corrales, para instar al ministerio a la paralización de las obras al no entender que «tras una sentencia tan contundente, que pide el final del embalse, continúen las obras», al contrario de lo que ha pedido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que se ha dirigido a Teresa Ribera para animarle a presentar el recurso de alzada.

De Santos: "El Gobierno también soy yo"

«El Gobierno de Aragón también soy yo», respondió firme Marta de Santos, directora general de Cambio Climático del Ejecutivo autonómico y secretaria de Transición Ecológica de la formación morada. «Estamos cuatro partidos y en el pacto de gobernabilidad, en su punto 94, se acordó sentarnos en una mesa todos los actores implicados para buscar un acuerdo. El pacto del agua está obsoleto, como se ve desde el 2006, sentencia tras sentencia. Es imprescindible el acuerdo dentro del marco legal, el Gobierno de Aragón debe hacer los deberes. Como políticos estamos obligados a llamar al consenso y a la regulación correcta porque el agua es necesaria para el desarrollo. Es necesario que nos sentemos y que no todos los procesos de regulación estén judicializados, con lo cual el gobierno tiene que trabajar en el acuerdo».

«Hay que buscar casos positivos como en el Matarraña o la alternativa a Santaliestra. Cuando ha habido acuerdo se ha conseguido la regulación. Cuando hay discrepancias vamos a los tribunales, donde por ahora van dos de dos», concluyó De Santos en referencia también a Biscarrués.

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, insistió en que «el Gobierno de Aragón no puede recurrir la sentencia», y recordó que esta no es una discrepancia «nueva» sino «histórica». Aunque Lambán ya pidió que se recurra el fallo, Palacín insiste en que «el problema lo tiene el ministerio, que tiene que analizar que si nadie está contento con estas obras es porque no se está haciendo bien».