Un centenar de ganaderos han arropado, este jueves, en Huesca, la concentración convocada por distintas organizaciones agrarias aragonesas contra el decreto de reforma de la PAC, que se ha desarrollado en la plaza López Allué de la capital altoaragonesa.

Las personas que se han concentrado han denunciado que más de 2.000 ganaderos se van a quedar sin compensaciones de la PAC, debido a que las nuevas reglas dejan fuera de la posibilidad de ayudas a la mayoría de explotaciones.

Así lo ha trasladado el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, que ha indicado que "a mitad de partido han cambiado las reglas de juego, poniendo en una situación muy difícil a más de 2.000 ganaderos y poniendo en juego 25 millones de euros, que son los que la ganadería intensiva fundamentalmente está generando en esta comunidad autónoma a través de ayudas PAC".

Hasta ahora todos los tipos de ganadería, fundamentalmente ovino y vacuno, debían declarar pastos para poder cobrar las ayudas de la PAC. La única condición era que los pastos estuvieran en buenas condiciones.

Con el reglamento de transición para los años 2021 y 2022, hasta que entre en vigor la nueva PAC en 2023, se plantea que sólo puedan declarar pastos aquellas ganaderías que realmente van con sus animales a pastarlos.

Por eso piden al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que solicite al Ministerio flexibilidad con esta situación.

Flexibilidad

En este sentido, Rocha ha precisado que piden "flexibilidad con esta situación", porque "lo que no podemos soportar es que sin aviso previo y, prácticamente en fechas de solicitar las ayudas de la PAC, se nos plantee que los ganaderos que no pasten sus animales en estas superficies no pueden declarar este tipo de pastos".

El secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, ha comentado que a pesar de su voluntad de diálogo, el Gobierno no les da ninguna solución. Para el presidente de ARAGA, Jorge Valero, "no tiene ningún sentido esta reforma encubierta de la PAC que penaliza a la ganadería y que Bruselas no ha pedido" y ha asegurado que no entiende las razones que han llevado a España a ponerla en marcha.

En su opinión, "la convergencia va a arruinar a los ganaderos y a las principales explotaciones de ganadería, tanto intensiva de terneros como extensiva de ovejas".

Por otra parte, Samper ha criticado que las consecuencias harán que los ganaderos más profesionales sean penalizados y ha exigido al Gobierno de Aragón que defienda los intereses del sector.

El secretario provincial de UAGA, Joaquín Solanilla, ha apuntado que a diferencia de otras provincias, en la de Huesca "la situación es más grave para el sector ya que casi todo el monte donde se encuentran los pastos es público".