Fue un resarcimiento pacífico, sin tensión en las calles, con el que se crearon herramientas jurídicas para profundizar en el autogobierno y la participación en la gestión estatal. Ejemplo de ello fue el reconocimiento de una Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad (artículo 109), el órgano bilateral de relación entre ambas instituciones; la introducción de la cuestión lingüística aragonesa, que desde entonces debe protegerse y promoverse; y la inclusión de una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos.
Esta disposición nunca ha podido desarrollarse en la práctica porque posteriormente, al impulsarse la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en 2014, el Tribunal Constitucional entendió que esta materia es competencia del Estado. Aun así, el reconocimiento de esta reserva hídrica en el Estatuto sí sirvió para bajar la intensidad de la polémica del agua y la posibilidad de trasvases en Aragón, que en el 2007 era uno de los temas que más daño hacía políticamente a los partidos de ámbito nacional por sus contradicciones) y se incluyó también la cuestión lingüística, que desde entonces debe protegerse y promoverse.
Todo ello desde el consenso político entre los partidos entonces presentes en las Cortes de Aragón: PSOE, PP, PAR, IU y CHA, partido este último que participó activamente en la negociación aunque finalmente votó en contra en el Congreso al considerar que era un Estatuto recortado y que no dotaba a Aragón de suficientes mecanismos de financiación ni permitía alcanzar el techo competencial. Aun así, el resto de partidos subraya que fue el momento de máxima unión política en Aragón, donde todos renunciaron a algunas de sus propuestas para conseguir un Estatuto que no dudan en calificar como uno de los más avanzados de España.
El texto era exhaustivo. Reconocía derechos sociales, garantizaba el acceso a la sanidad y la educación de calidad, el medio ambiente, las cuestiones de género, el derecho de los consumidores y las lenguas. Estas cuestiones aún hoy siguen en el debate público. «Se avanzó mucho en derechos democráticos, en materia de participación directa en la vida pública y el establecimiento de cauces para que los ciudadanos pudiesen ejercer control y comparecer en las Cortes; conseguimos también fijar un marco bilateral de negociación con el estado, igualándonos a las normas jurídicas de otras comunidades como la catalana o la balear», recuerda Adolfo Barrena, ponente del estatuto en representación de Izquierda Unida en el Parlamento autonómico.
Otro derecho político de actualidad, que ayuda a entender la diferencia entre unas comunidades y otras es la potestad de Aragón para marcar el inicio y fin de sus legislaturas. «Ahora mismo, en Madrid, se van a celebrar elecciones y el Gobierno que se forme durará sólo dos años, porque en el 2023 se acaba la legislatura iniciada en el 2019; en Aragón, si el presidente disuelve las Cortes y convoca elecciones, da igual que no se hayan completado los cuatro años de legislatura desde las últimas elecciones, se disuelve y se empieza una legislatura nueva con el gobierno que decidan los aragoneses gracias al estatuto», explica Antonio Suárez, ponente del Partido Popular en el año 2007.
Repercursión en la calle
Desde las instituciones tienen claro que el Estatuto de Autonomía del 2007 es el principal logro de los aragoneses desde el inicio de la democracia en España y subrayan que si hoy se disfruta de unos buenos servicios públicos sanitarios, educativos y asistenciales es gracias a esta norma básica que todo lo impregna. «Basta con pensar en qué habría sucedido si esta pandemia del covid se hubiese tenido que afrontar con políticas centralizadas en vez de ser cada comunidad autónoma la que gestionase directamente hospitales, centros de salud y recursos; no digo que hubiese sido mala, pero sí hubiese sido menos buena para el ciudadano, porque los grandes avances en España se han producido gracias a la descentralización administrativa, ese modelo casi federal que ha traído avances en salud y educación» sostiene Jesús Miguel Franco, ponente del estatuto del 2007 en representación del PSOE
Queda mucho por hacer, en eso también hay consenso entre las distintas formaciones políticas aragonesas: se aprobó el Estatuto, aumentaron las competencias aragonesas de 41 a 59, se pasó de 61 artículos en 1982 a 115 artículos en el 2007, pero en los 14 años transcurridos desde entonces ese aumento cuantitativo no se ha traducido en un aumento del autogobierno en materia cualitativa. Al menos, no todo lo deseado, porque no se ha profundizado en las negociaciones con el Gobierno central para seguir avanzando, sobre todo, en asuntos de financiación e infraestructuras.
Las causas no se deben buscar solo en Aragón, sino en el contexto nacional e internacional. «Desde la entrada en vigor del estatuto del 2007 han ocurrido dos cosas que han dificultado su aplicación y desarrollo: primero fue la crisis del 2008, que hizo que todo se orientase a pagar deudas y pagar a la banca, con la repercusión negativa que ello tuvo en la financiación autonómica y en el recorte de servicios sociales; y después llegaron el 2019 con sus múltiples procesos electorales que impidieron la negociación con el Estado central y ya en el 2020 la pandemia», analiza el exlíder de IU en la comunidad autónoma aragonesa. Esto se ha traducido en la no puesta en marcha de la tan nombrada Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad del artículo 109, el instrumento perfecto para avanzar, pero nunca desplegado con eficacia.
Algo en lo que coincide Javier Allué, ponente en su día en representación del Partido Aragonés: «La filosofía entonces era la de abrir vías para colaborar con el Estado e impulsar una reforma de la financiación autonómica, para que se tuvieran en cuenta variables como la orografía, la extensión y el envejecimiento de Aragón; temas que hoy siguen encima de la mesa y en los que hay que profundizar mediante la negociación con Madrid y el impulso de los convenios que permite el estatuto», sostiene.
En Aragón, la euforia de la aprobación del Estatuto de Autonomía en el 2007 vino seguida por el 2008 y su exposición internacional, que todo lo impregnó y que supuso una lluvia de inversión económica en infraestructuras. La crisis económica no llegó hasta más tarde, el 2009, y tras cinco años negros, el PIB de la comunidad autónoma no volvería a crecer hasta finales del 2014. «En ese año, el 2014, hay que recordar que el tema que estaba encima de la mesa en Aragón no era el de seguir avanzando en obtener más competencias de Madrid, sino el de reformar el sistema de financiación autonómica. Ahí se volcaron los esfuerzos», apunta Antonio Suárez, del Partido Popular. Esfuerzos que no se han traducido en éxito, puesto que siete años después, las comunidades autónomas siguen esperando que desde el Gobierno central se abra ese anhelado proceso de reforma de financiación autonómica.
¿Más competencias?
Aragón tiene reconocidas en su Estatuto 59 competencias, suficientes, según los ponentes puesto que donde hay que profundizar es en la reunión de las comisiones mixtas y bilaterales con el Gobierno central para llegar a acuerdos en financiación e infraestructuras. Los ponentes de PSOE e IU tienen claro que hay que ahondar en derechos sociales. «Cuando hay debilidad, impotencia y miedo, la prioridad es consolidar y aumentar la educación, la sanidad y la investigación tanto en ciencia como en desarrollo económico; gracias al estatuto hoy los aragoneses vivimos mejor y tenemos que seguir avanzando en eso y en las comunicaciones, incluida la digitalización», afirma el socialista Jesús Miguel Franco, uno de los que más presiones padeció junto con el Partido Popular desde sus compañeros del Gobierno central.
Y es que, como todos insisten en recordar, la diferencia del estatuto con respecto a otros grandes debates aragoneses fue que los representantes de los partidos políticos en Aragón se unieron como un solo bloque a la hora de negociar en Madrid, llegando incluso a levantarse de la mesa cuando asuntos como la política hidráulica, la ley de lenguas o el modelo financiero tensaban las cuerdas con los partidos de ámbito nacional, que veían en Aragón la posibilidad de que se abriese un nuevo fuego que se sumase al de otros procesos autonómicos de alta intensidad como el de País Vasco y Cataluña.
«Muchos temas del Estatuto se recogieron a la defensiva, los incluíamos porque temíamos lo que otras comunidades autónomas pudiesen hacer, por ejemplo, con el tema del agua. Y esa sensación sigue estando: hoy no tiene mucho sentido pedir la transferencia de la competencia en prisiones en Aragón, pero sí fomentar los convenios en infraestructuras que ya prevé el estatuto y adentrarnos en las competencias en materia de Seguridad Social, tal y como está avanzando el País Vasco (respetando siempre la unidad de caja, deberíamos estar ahí, en ese debate)». Es la opinión de Antonio Suárez, ponente del 2007 por el Partido Popular.
Y en la misma línea de dar un paso más e incluir realidades y debates actuales se muestra el exaragonesista Javier Allué. Ahora que vuelve a hablarse de una nueva reforma del estatuto, para acabar con los aforamientos y mantener la representación política en las Cortes de Teruel pese a la pérdida de población, sostiene que podrían introducirse nuevas realidades. «La conectividad como derecho debe estar en el estatuto, al menos, como principio rector de políticas públicas, porque forma parte de nuestras vidas y hay que evitar que sean las empresas o el mercado quien lo regule. Tenemos que anticiparnos», sostiene.
Pendientes quedan también la creación de la Agencia Tributaria de Aragón, anunciada por el presidente Javier Lambán ya en 2017, y la convocatoria de esas comisiones mixtas Estado-Comunidad. Aunque en plena pandemia no será fácil que suceda ni parece que el debate se vaya a abordar en las próximas fechas.
