En el ecuador de su mandato, ¿qué balance hace de su trabajo?

Preferimos que la valoración la haga la ciudadanía, pero creo que hemos cumplido los retos que nos marcamos cuando tomé posesión. El principal objetivo de la institución es atender a los más vulnerables, que desgraciadamente han aumentado mucho este año de pandemia. Hemos podido identificar esas posibilidades de ayuda a mayores, a la infancia, a menores con posibles necesidades de atención... También hemos podido ejercer nuestro papel en la observación de problemas en servicios sociales y asuntos sanitarios. Los dos primeros años representamos institucionalmente al Justicia por los territorios divulgando y difundiendo nuestro Derecho foral y el Estatuto, algo que con toda lógica ha quedado relegado en este tercer año de pandemia.

Ha sido un año duro...

Como sociedad, sin duda el más duro de nuestra vida. Esperemos que gracias a la solidaridad de los ciudadanos y el avance de la vacunación pronto podamos retornar a la vida anterior, aunque ya anticipo que eso será imposible. Visto lo que nos va entrando en la institución... Tanto la crisis económica como la social e incluso la personal están provocando muchas afecciones psicológicas. Creo que todos saldremos bastante tocados de esta situación.

¿Ha cambiado mucho la labor del Justicia con la pandemia?

En los cuatro primeros meses, las dudas jurídicas que planteaban las normativas de todas las administraciones conllevaron muchas actuaciones de las que ni siquiera abríamos expedientes formales. Llegaban, nos informábamos e indicábamos al ciudadano a dónde debía dirigirse. Ocurrió con la repatriación de los aragoneses que estaban fuera del país y no podían volver, o con el problema de los ertes. Aunque no fuera nuestra competencia, tuvimos una conexión directa con el director provincial del SEPE. También actuamos en los regímenes de guardia y custodia de menores de padres divorciados y por supuesto en los problemas de los sanitarios y los servicios sociales, especialmente en la situación de nuestros mayores en las residencias y de sus familiares, que no sabían qué estaba pasando con ellos. Eso sin duda ha marcado este periodo.

¿Cómo se toman las administraciones sus sugerencias y recomendaciones?

Se lo toman con espíritu crítico, como es lógico. Somos imparciales y objetivos, pero no somos neutros.

¿Suelen ser habituales las injerencias?

No hemos permitido ninguna injerencia, aunque debo decir que no hemos tenido ninguna. Los informes siempre los hemos hecho con nuestro personal y nuestros asesores. No habría aceptado ninguna externalización. El ejemplo más claro está en la mesa de los mayores en soledad, la de menores y juego y en el expediente de oficio sobre la vacunación, que fue un aviso a navegantes. Nuestros gobernantes no entienden a veces los expedientes de oficio, y ahí se aprecia una línea clara de imparcialidad e independencia.

Usted rinde cuentas de su trabajo en las Cortes. ¿Qué percepción cree que tienen del Justiciazgo los grupos parlamentarios?

En la reciente presentación del informe anual, todos los partidos políticos hicieron una valoración positiva del trabajo del Justiciazgo. Y en algunas ocasiones nuestros propios informes han servido de base para su actividad. Por tanto, que hayamos tenido importancia en las reformas políticas sin tener capacidad parlamentaria nos refuerza como institución. Para nosotros es una satisfacción plena. No soy un Justicia de despacho, sino de calle.

¿Dónde percibe que su labor sirve para las tareas parlamentarias?

Estamos todavía a la expectativa de saber si se están implementando las 50 medidas que planteamos en la mesa de los mayores en soledad. Pero hemos visto que en el anteproyecto de la ley del juego se recogen varias de las 11 iniciativas que planteamos. Por eso, mi valoración es positiva y seguiremos en esa línea, intentando aportar cuestiones que sirvan para mejorar la vida de la ciudadanía. Otro asunto más peliagudo es en aquellos problemas que se plantean y que están sometidos a problemas de presupuesto, y más en un momento en el que la lucha contra la pandemia es la prioridad. Pero eso no puede servir de excusa para seguir avanzando en otros asuntos. Hay una cuestión que ahora me preocupa mucho y es la brecha digital. Con la campaña de vacunación, muchos mayores están teniendo problemas. Eso no puede ser. Debe haber un sistema sencillo para pedir cita y debía haberse previsto antes.

¿Responden las administraciones en tiempo y forma a sus peticiones de información o requerimientos?

En general sí. Nos responden en un periodo muy razonable, entre los dos y cuatro meses, y apenas tenemos que recordar a las instituciones que deben atender nuestros reiteros.

¿Ve suficiente el presupuesto de la institución?

Es suficiente el presupuesto y la idea del Justicia es acabar el mandato con el mismo presupuesto cada anualidad, que está en torno a 1,9 millones.

En legislaturas anteriores se planteó el debate de la utilidad del Justicia e incluso si era un gasto superfluo y se debía suprimir, a pesar de ser una institución muy enraizada en el propio origen de Aragón. Ahora ya no está en cuestión este debate. ¿Cree que podría volver a surgir?

Creo que el trabajo realizado por Ángel Dolado y todo su equipo tiene un gran reconocimiento de la ciudadanía y ninguno de los ocho partidos ha cuestionado nuestra institución. Veo tanta satisfacción y gratitud que se manifiesta por las personas que han acudido a nosotros como último recurso y se les ha dado respuesta o alguna solución que me parece impensable que alguien cuestione la labor del Justicia. Es inimaginable que ahora alguien se plantee la desaparición de la institución por cuestiones económicas.

Aumentan los servicios públicos a los ciudadanos y también la administración, pero, ¿estamos ahora los ciudadanos más indefensos ante posibles abusos o deficiencias de la maquinaria administrativa?

Es una cuestión interesante. Tengo dudas sobre si la implantación del teletrabajo en la administración pública podrá afectar a la relación con los ciudadanos, y es algo que no se puede dar bajo ningún concepto. Lo mismo ocurre con la semipresencialidad en muchos servicios. Eso puede ser un grave perjuicio si se instala y anticipo que la calidad del servicio público será claramente inferior, lo que mermará derechos. Intuyo que muchas de estos trabajadores, que además están en mejor situación social y económica, no podrán ofrecer el mejor servicio público a personas que lo necesitan. Las ventanillas ciudadanas no pueden ser virtuales, no podemos retirar el acercamiento entre la función pública y los administrados. Estoy percibiendo mermas y espero que se subsanen. En muchas empresas se está volviendo al trabajo presencial y muchos no quieren que sus hijos tengan tantas herramientas tecnológicas, que son herramientas útiles pero que nunca pueden ir en detrimento de las personas. Cuando haya inmunidad de grupo, por favor, retomemos los servicios que prestábamos tan bien.

Usted es juez y ejerció como tal antes de ser elegido Justicia. ¿Debería tener el Justicia poder sancionador?

No. Quizá podríamos aumentar un plus en el seguimiento de las respuestas de la administración y que se evidenciase la obligatoriedad de respuesta, pero nuestros informes no pueden ser nunca vinculantes. Iría clarísimamente en contra de la separación de poderes. La última palabra la debe tener la administración de Justicia.

Una misión menos conocida de la institución pero no menos importante es su función como defensor del Estatuto y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés. ¿Qué balance hace de su labor en este apartado?

A nivel divulgativo, nos hemos centrado más en el Derecho civil propio que en el Estatuto, porque desde su reforma en el 2007 está pacificado. La reforma que ahora se plantea para suprimir aforamientos y garantizar un número mínimo de diputados por provincia es un buen momento para reivindicar nuestro estatuto de nueva generación y pedir el traspaso de más competencias. Yo ya recomendé aceptar la transferencia de las instituciones penitenciarias.

¿Cree que los aragoneses conocen lo suficiente la institución y su valor histórico y presente?

La figura y la historia de Juan de Lanuza marcan un hito que conocen absolutamente todos nuestros colegios y eso es importantísimo para mantener de actualidad al Justicia de Aragón. Quizá conocen menos la historia de los reyes de Aragón, pero lo que supuso Juan de Lanuza V el Mozo y las algaradas de 1591 y su defensa de derechos y libertades frente a un rey absolutista marcan una impronta que es la semilla que germina hoy en el Justiciazgo. Esa rebeldía ante las injusticias en este caso de las administraciones se verifica en la figura del Justicia del siglo XXI.

¿Se plantea nuevos retos para lo que resta de mandato?

Planteé diez retos y prácticamente los tenemos todos desarrollados. Está mal que lo diga y no voy a vender humo, pero seguiremos en esta línea de implantación social, las líneas marcadas están siendo ejecutadas y no me planteo nada nuevo, sino seguir trabajando en la línea en la que estamos haciendo, y muy atento a los nuevos problemas que puedan surgir y requieran nuestra actuación. Tengo el reto de que se nos reconozca como Defensor del menor y algunos aspectos de relaciones internacionales que necesitaría un desarrollo legal. También nos gustaría que, al igual que el Defensor del Pueblo andaluz, se nos reconociera la labor de mediación.