Nos, que somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos, os hacemos rey de Aragón, si juráis los fueros y si no, no». Con esta fórmula, los reyes de Aragón debían jurar el cumplimiento de fueros y observancias ante el Justicia, que alcanzó a lo largo del siglo XIV sus mayores cotas de prestigio y presencia institucional, llegando a presidir las Cortes en ausencia del rey. Una institución nacida dos siglos antes y que, seiscientos años después, sigue gozando de buena salud y prestigio entre los aragoneses.
Corría el año 1115 cuando en el Reino de Aragón apareció por primera vez la denominación de Justicia del rey, referido a Pedro Giménez, en un privilegio concedido por Alfonso I El Batallador a los pobladores de Zaragoza. Más de nueve siglos después, Ángel Dolado encarna la figura actual del Justicia de Aragón, el cuarto de la democracia, un defensor del pueblo con profundas raíces históricas que engarza pasado, presente y futuro de una institución que además de proteger los intereses de los ciudadanos, debe guardar y proteger el derecho aragonés y sus fueros y el Estatuto de Autonomía.
El Justiciazgo atesora nueve siglos de historia con un paréntesis de 275 años, desde que Felipe V abolió la figura del Justicia, los Fueros, la Diputación y las Cortes de Aragón en 1707, y hasta que el Estatuto de Autonomía de Aragón lo recogió de nuevo en 1982, amparado por la Constitución Española de 1978. Aunque sus actuales competencias no se corresponden con las que tuvo en su origen, sí se buscó que el Justicia contemporáneo tuviera una posición institucional y unas funciones que pudieran ser sucesoras de aquellas.
El jurista y ponente del Estatuto de Autonomía de Aragón, José Luis Merino, escribió que las funciones del actual Justicia se inspiraron en la definición que López de Haro hizo del mismo, como «defensor de los fueros y observancias; centinela de las libertades de Aragón y vigía de la constitución organizadora del Estado».
Por ello, como «defensor de fueros y observancias», hoy en día se configura como garante del ordenamiento jurídico aragonés. Como «vigía de la constitución del estado», actualmente tiene como una de sus funciones la de defensor del Estatuto; y, en el caso de «centinela de las libertades de Aragón», es el valedor de los derechos individuales y colectivos de todos los aragoneses.
El actual Justicia de Aragón, a diferencia del histórico, no juzga ni dicta sentencias, sino que a través de la fundamentación de sus resoluciones ejerce una «magistratura moral», explican desde su propia oficina. Así, en el cumplimiento de sus funciones, el Justicia de Aragón debe supervisar la actuación de las Administraciones públicas aragonesas (la Administración autonómica, las Diputaciones Provinciales, las Comarcas y los Ayuntamientos) a través de las quejas presentadas por la ciudadanía o en función de los expedientes incoados «de oficio» a iniciativa de la propia Institución.
En democracia
Emilio Gastón (1988-1993) fue el primer Justicia del Aragón democrático. Elegido por unanimidad por las Cortes de Aragón, sentó las bases de la institución moderna y destacó por su actitud dialogante a la par que reivindicativa. Le sucedió en el cargo Juan Bautista Monserrat (1993-1998), que contó con el apoyo de PP y PSOE, pero obtuvo tan solo las abstenciones del PAR e IU, que abogaban por la continuidad de su antecesor. Las discrepancias y tensiones políticas en torno a su figura le llevaron a no presentarse a la reelección.
Fernando García Vicente fue el tercer Justicia de la democracia, y el más longevo de esta época de la institución, renovando su cargo en las Cortes en el 2003 y en el 2009, y ejerciendo los últimos cuatro años en funciones ante la falta de acuerdo político para encontrar a su sucesor. Durante esta etapa (1998-2018), entre otras cuestiones, se vivió la expansión de las oficinas del Justicia con nuevas sedes en Huesca y Teruel.
Desde el 2018, Ángel Dolado es el Justicia de Aragón, que ha abordado un cambio en el seguimiento de las quejas que recibe la Institución por parte de la ciudadanía, que ya no se tramitan de forma unitaria sino a través de expedientes sobre temas. En el 2020, la Institución tramitó un total de 2.130 expedientes y emitió 230 resoluciones, de las que más del 50% fueron aceptadas; el 10%, rechazadas, y todavía el 40% siguen sin respuesta. Todas las instituciones tienen la obligación, por ley, de responder a los requerimientos de información que solicita el Justicia.
