Antes de que llegara la pandemia del coronavirus, cuando todavía había posibilidad de celebrar una boda por todo lo alto, una pareja vecina de Zaragoza eligió la finca La Alquería, perteneciente al grupo hostelero La Bastilla, para casarse un 6 de julio. Se casaron, disfrutaron del menú con 150 invitados, pero no pagaron y eso ha conllevado una condena de 15 meses de cárcel para el novio, ahora marido, quien ha asumido el delito para exonerar a su esposa.

La pareja se sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 7 de la capital aragonesa con una solicitud de condena de tres años de cárcel, que pedía el abogado de la empresa estafada, Ignacio de Diego, y de año y medio, que solicitaba la Fiscalía, si bien las pruebas eran tan evidentes que las acusaciones acordaron con el abogado defensor, Alberto Peiró, que únicamente asumiera los hechos el procesado.

De hecho, la magistrada afirma que la novia no tenía conocimiento de la acción cometida por su pareja, según él mismo manifestó, respecto a que ella no sabía nada y se enteró después del enlace matrimonial al recibir un mensaje en su móvil como que no se había hecho efectivo el pago, ya que la cuenta iba a su nombre.

La fiesta se celebró el 6 de julio y la factura era de 8.009,20 euros, la cual debía ser abonada mediante transferencia bancaria cuatro días antes del evento, tal y como constaba en un documento contractual bajo la rúbrica Forma de pago. El mismo día del evento, ya fuera del plazo fijado y acordado por ambas partes, el hombre remitió un Whatsapp a La Bastilla con un documento denominado por él como «justificante», acreditativo de la transferencia realizada a favor de la empresa por el importe de la factura.

A simple vista parecía que dicho justificante bancario por importe de 8.009,20 euros era verdadero y la responsable del catering y de la finca le contestó por este mismo medio que «en principio está todo bien».

Cinco días más tarde, el 11 de julio, la pareja estaba de viaje de novios cuando recibieron un mensaje al teléfono en el que le informaban de que no había llegado ninguna transferencia. De hecho, desde el grupo hostelero se pusieron en contacto con la entidad financiera emisora del justificante de la transferencia, la cual, con fecha 12 de julio del 2019, les informó de que «el documento que nos presentan no ha sido redactado ni firmado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA».

Tras ello, los estafados aún dieron un paso más e intentaron solucionar la controversia de manera amistosa, requiriendo a la pareja mediante burofax para que abonasen el importe de la factura. Sin embargo, eso nunca pasó y el matrimonio tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados.

Allí, ante la jueza, el hombre renovó las promesas del matrimonio, especialmente en eso que se dicen los novios de «en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza» y asumió todas culpas. Ingresó 1.500 euros y se comprometió a pagar una multa de 550 euros y a abonar el resto del dinero que en su día no pagaron. No tiene que ir a prisión porque no tiene antecedentes penales, si bien si incumple el pago esta vez la historia no tendrá el mismo final feliz y acabará entre rejas.