Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón analizarán las opciones de la comunidad de reclamar por la vía judicial al Estado el pago pendiente del IVA del 2017 a raíz de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que estimó parcialmente la reclamación de estas cuantías por parte de la Junta de Castilla y León. Según fuentes del Departamento de Hacienda, al haber una nueva sentencia al respecto, los servicios jurídicos han empezado a estudiar la posibilidad de presentar el recurso, que anteriormente habían analizado y habían estimado que tenía una «alta probabilidad de ser inadmitido a trámite» y, por lo tanto, no se dio el paso de reclamar las cuantías.

Exigir la cantidad de 80 millones de euros por el IVA pendiente del 2017 es precisamente lo que viene demandando en las Cortes de Aragón el Partido Popular en los últimos dos años. Los populares registraron ayer una proposición no de ley para instar al Ejecutivo autonómico a que el Gobierno de Javier Lambán interponga definitivamente ese recurso contencioso administrativo al Gobierno de España, ante el Tribunal Supremo, para reclamar las cantidades debidas a la comunidad en la liquidación del sistema de financiación autonómica del 2017 correspondientes al IVA, que suma 80 millones de euros. «Los 80 millones pendientes de pago no son una cifra en absoluto desdeñable en las cuentas autonómicas después de que ayer mismo (por el lunes), ante la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, el director general de Presupuestos admitiera un aumento del gasto en 460 millones durante el pasado ejercicio y alertara del crecimiento de la deuda pública», manifestaron los populares. 

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo autonómico puntualizaron que, de presentarse el recurso, está por ver la cuantía que podría reclamarse al Estado, al haber este implementado distintas medidas compensatorias a raíz del desfase generado en el 2017 por el cambio del calendario de tributación.

Además, los conservadores denunciaron el cambio de postura del presidente de Aragón, Javier Lambán, que hace un año, aseguraba que «no hay argumentos políticos y jurídicos que nos hagan resignarnos a perder los 80 millones».

Pero desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la sentencia del Alto Tribunal estima «solo en parte» las reclamaciones de la Junta de Castilla y León, y el fallo condena a la Administración del Estado a abonarle la compensación «cuyo importe habrá de fijarse en ejecución de la sentencia» y cuya cuantía se determinará en función de la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por el Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce meses, incluyendo la de noviembre del 2017. Por eso, insistieron, en el caso de reclamar, esta sentencia solo estima que se devuelva una parte de la cuantía reclamada.