El Gobierno de Aragón confía en que la ley aprobada por las Cortes el pasado mes de diciembre por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia será suficiente para hacer frente a los problemas que pueda provocar el virus cuando ya no esté vigente el estado de alarma. Quedan menos de diez días para que este decaiga y, a la espera todavía de saber si el Gobierno central decide plantear una prórroga más, Aragón no se suma a la petición de alargarlo, como ya han exigido desde el País Vasco, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La DGA está "a la expectativa" de lo que pueda pasar la semana que viene y de otras posibles medidas legales que defina el Gobierno central.
El Ejecutivo autonómico insiste en el paraguas legal que le otorga la norma aprobada el año pasado. "Aragón está en una mejor situación que el resto de comunidades autónomas porque cuenta con una ley con toda la seguridad jurídica", subrayó este jueves tarde el presidente aragonés, Javier Lambán, que recordó los reveses judiciales que ya vivió Aragón en la anterior etapa sin estado de alarma.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, recordó que esta norma permite "restringir aforos, limitar horarios y la agrupaciones de personas". Y sobre los cierres perimetrales, que reconoció que podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales como el de libertad de movimientos, Repollés aseguró que "la ley nos permite, mediante decretos ratificados por las Cortes, hacer estos confinamientos". Lo que no podrá hacer Aragón es establecer un toque de queda ni confinar la comunidad.
Mientras, la portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, reclamó "certidumbre" al Ejecutivo autonómico y criticó la postura del Gobierno central. "Ante una situación aún claramente de pandemia, el Gobierno de Sánchez una vez más se desentiende y deja en manos de las comunidades tomar estas decisiones sin ningún tipo de herramienta jurídica", criticó.
