El último vestigio que queda de la desaparecida Caja Inmaculada se tambalea. La Fundación CAI, dedicada a desarrollar obra social y cultural, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ere) para despedir a 16 de sus 34 trabajadores —es decir, casi el 50% de la plantilla— y tiene previsto cerrar la emblemática biblioteca Mariano de Pano de Zaragoza, así como los centros que tiene en las capitales de Huesca y Teruel.
La fundación, que viene dando continuidad desde hace siete años a la obra social de la extinta CAI, aduce motivos económicos y organizativos para la adopción de esta medida. El patronato y el equipo directivo está compuesto casi en su totalidad por socios de Acción Social Católica (ASC), la entidad vinculada al Arzobispado de Zaragoza que fundó en año 1905 la citada caja de ahorros, que, tras más de un siglo de vida, fue absorbida en el 2014 por Ibercaja.
La Fundación CAI conserva una participación del 4,85% en el banco con sede en la zaragozana plaza Paraíso, donde se diluyó su actividad financiera al no poder continuar en solitario por los problemas económicos que arrastraba como consecuencia de la sobrexposición al negocio inmobiliario en los años del boom económico de principios de siglo y de una polémica gestión en su última etapa.
Fusión con ASC
La Fundación CAI contaba en el 2014, cunado inició su nueva andadura, con unos activos de 91 millones de euros y un patrimonio neto valorado en 90,5 millones. Entre sus bienes destaca el centro Joaquín Roncal, situada en pleno Casco Histórico de Zaragoza y donde está ahora su domicilio social, además de contar con una participación minoritaria en la propiedad del edificio del paseo Independencia que era la sede central de la Caja Inmaculada, que se ha proyectado reconvertir en viviendas de lujo y un local comercial.
El hito más reciente de su historia se produjo en septiembre del 2019, cuando culminó la operación de fusión entre las fundaciones CAI y CAI-ASC, que hasta entonces eran jurídicamente independientes. La segunda entidad fue absorbida por la primera, quien adquirió por sucesión universal la posición jurídica y, con ello, la totalidad de los derechos y obligaciones que formaban parte de la absorbida. La organización resultante inició su andadura con un valor contable de 1,2 millones de euros.
Las cuentas anuales del 2018, las últimas que pueden consultarse en la web de la fundación y previas a la mencionada fusión, arrojaron unas pérdidas de casi 35 millones de euros, muy por encima del resultado negativo de 1,7 millones registrado en el ejercicio precedente.
Malestar en la plantilla
«Los trabajadores somos conscientes de la delicada situación económica de la Fundación CAI, pero también que desde el desembarco masivo de Acción Social Católica (ASC), la gestión no puede calificarse de otra forma que de catastrófica», señala la petición contra el ere abierta por un empleado en la plataforma de Change.org, en la que se critica a la entidad por no tener «un proyecto definido, ni organigrama, ni plan de comunicación».
«Ha sido incapaz de adaptar sus líneas de actuación a las necesidades sociales, y no ha conseguido ni se han postulado para la captación de un ingreso mínimamente relevante fuera de los obtenidos por la posición de accionista de Ibercaja Banco», según recoge la campañas de recogidas de firmas promovida a través de este portal, que este miércoles por la tarde se acercada al millar de adhesiones.
La principal fuente de ingresos de la fundación son los dividendos que arroja la entidad financiera que dirige Víctor Iglesias, en la parte proporcional que le corresponde como accionistas. Estos fondos han menguando de forma importante en los últimos años debido a la baja rentabilidad que padece el sector bancario por el contexto de tipos de interés en negativo. «No es un problema económico, es un problema de mala gestión que como siempre pagamos los más débiles, los trabajadores», se añade en Change.org.
