El penalista Enrique Trebolle, que ejerció la acusación en particular en nombre de la familia del ganadero José Luis Iranzo, señaló este jueves que la sentencia le parece “correcta”. “Se ha hecho justicia”, subrayó. El letrado se mostró “conforme” con la prisión permanente revisable más los dos delitos de asesinato, que suponen 25 años, más los 15 de los tres robos con violencia.
“Se puede decir que coincide la verdad material con la verdad formal”, agregó Trebolle.
La familia del ganadero, añadió, ha reaccionado “con satisfacción” al tener conocimiento de la sentencia, “pues siempre han tenido confianza en la justicia”. “El asesino tiene que rendir cuentas ante la justicia y cumplir la máxima pena”, indicó el abogado.
Respecto a una supuesta negligencia o falta de actuación suficiente por parte de los mandos de la Benemérita, Trebolle manifestó que “eso se ve en otro procedimiento”.
Responsabilidad de la Administración
En la vía penal el magistrado ha puesto un millón de euros de lucro cesante, así como 720.000 euros de daños morales. Y ese mínimo, señaló el letrado, “ya es reclamable en el expediente que llevamos de forma independiente y en el que pedíamos más, tres millones en total”.
“Tengo esperanzas de poder sacar adelante la cuestión en el plano administrativo, la relación de causa-efecto entre el mal funcionamiento de los servicios públicos y el resultado de muerte del señor Iranzo”, añadió el abogado de la familia del ganadero.
Por otro lado, el letrado de la asociación de guardias civiles AEGC, Jorge Piedrafita, que representa a la viuda de la del agente Víctor Romero, ha calificado la sentencia de "histórica" y ha asegurado que el recurso que ha anunciado la defensa "no prosperará".
Primera prisión permanente revisable en Teruel
"Es histórica por dos razones, una porque es la primera vez que se condena a prisión permanente revisable por un asesinato de guardias civiles y otra porque es también por primera vez se impone el máximo castigo en Teruel", ha explicado Piedrafita.
""La sentencia está bien construida y motivada y hay que felicitar al jurado popular por la gran labor que ha realizado" ha subrayado el letrado de la AEGC. "Es impecable, por eso un recurso no puede cambiar nada", ha añadido.
Mariano Tafalla, que ha representa a la viuda del guardia civil Víctor Caballero y a la familia de Víctor Romero, ha manifestado que, "desde el punto de vista penal, la sentencia se ciñe a lo esperado y los familiares están ilusionados por el hecho de que se haya ejercido la justicia".
"No se recoge todo el daño moral causado"
Tafalla ha añadido que, "desde el punto de vista civil, el juicio ha servido para poner de manifiesto los fallos y las omisiones que se produjeron en los operativos montados entre los días 5 y 14 de diciembre del 2017, entre ellos no solicitar información sobre el individuo al que se enfrentaban los agentes". De ahí que, "cuando la sentencia adquiera firmeza", se iniciará otro procedimiento para pedir la responsabilidad patrimonial del Estado.
"El baremo aplicado en concepto de responsabilidad civil, que es orientativo, es el que se aplica en los accidentes de tráfico, pero a nuestro entender esta valoración no tiene en cuenta todo el daño moral causado a los familiares", ha subrayado el abogado.
