Cuando las víctimas de las redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral consiguen romper las cadenas que las asfixian el camino hacia la libertad sigue estando lejos, muy lejos. Para intentar ayudarlas y acompañarlas en ese caminar la Jefatura Superior de Policía de Aragón tiene un agente especializado en ello. Su nombre y su cara lo conocen muy bien las mujeres y hombres a los que ha dado una solución social, si bien prefiere no revelarlos para el resto porque él también lleva a cabo investigaciones como inspector en uno de los grupos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).

A diario lucha contra el miedo que sufren estas personas, la desconfianza en que la mano tendida se quede en un simple gesto o contra las barreras culturales de muchas de ellas. Dice que no hace de psicólogo porque, tal y como insiste, «no lo soy», pero trata en todo momento de «ser cercano y humanizar» el uniforme policial que viste y que la mujer o el hombre explotado sexualmente o laboralmente se abra no solo para ayudar en la investigación, sino para saber cuáles son los problemas a solucionar a corto plazo. En ese momento descolgará el teléfono de su despacho y se pondrá en contacto con una oenegé para buscar, por ejemplo, una vivienda de acogida. Suele ser el primer recurso que demandan y el que más escasea.

«Son especialmente vulnerables», señala este agente que enumera la falta de arraigo en España, la dependencia económica o las amenazas a las que se enfrentan como los principales factores que hacen «que no haya horarios ante una necesidad». «El otro día estaba en el supermercado comprando, me llamaron al móvil y me dijeron que sería necesario hacer un traslado de una persona que merece protección y eso es lo que hice, llamé a una oenegé, le pregunté si tenían sitio y activamos rápidamente el traslado a otra provincia», destaca.

La denuncia se puede hacer través del teléfono 900 105 090 o del correo electrónico ‘trata@policia.es’

Una preocupación por un testigo protegido que realiza el interlocutor social desde el inicio de una investigación hasta el final. «Pueden ser intimidados, así que es necesario acompañarles incluso el día del juicio si es necesario», apostilla a la vez que destaca las presiones que pueden sufrir para que el día del juicio cambien su declaración tratan de evitarse gracias a la realización de pruebas preconstituidas que, además, evitan la revictimización de estas personas».

La vivienda y la protección son dos necesidades básicas que este policía nacional atiende a través de colectivos sociales, pero su papel de coordinador le lleva a tener que atender otras como la manutención, un asesoramiento jurídico con un especialista, una atención sanitaria o la regularización de la situación de esa persona en España. También está en contacto con las autoridades del país de origen de la persona que ha sido captada y trasladada mediante engaño para garantizar la protección de los familiares de estas personas en el caso de que estén amenazadas.

Contacto

Cuando la Secretaría de Estado de Seguridad creó en el 2016 esta figura también la planteó para crear un intercambio de información, realizar estadísticas, promover los protocolos de coordinación que resulten necesarios para la asistencia a las víctimas y el apoyo policial especializado en la materia y para analizar si hay cambios de tendencia como ahora en lo que se refiere a la prostitución. El coronavirus ha trasladado la explotación sexual en clubes a domicilios particulares.

«Los responsables de los mismos saben lo que significa la inviolabilidad del domicilio y eso conlleva un esfuerzo todavía mayor a la hora de investigar. Al juez le tienes que llevar indicios sólidos para solicitar una entrada y registro y que te la autorice», reconoce.

En muchas ocasiones la pista sobre este hecho delictivo la ponen los propios clientes, señala el interlocutor, quien apunta que suele hacerlo tras detectar que hay menores o porque la víctima está en una situación tan desesperada que ha pedido ayuda a un putero. «Cuanta más información nos den mejor, además no tienen que preocuparse porque si quieren pueden ser anónimas tanto a través del teléfono 900 105 090 como mediante un correo electrónico a trata@policia.es», afirma. El teléfono en cuestión está las 24 horas operativo. Centralizado en Madrid, un agente toma los datos o activa el protocolo para liberar a una víctima en los casos más urgentes.

En otras ocasiones las investigaciones vienen de las propias mujeres u hombres que aprovechan un momento en los que no están vigilados para llamar e incluso tirarse encima del primer coche de la Policía Nacional que ven circular por la calle para pedir ayuda. Esto último ha ocurrido en Zaragoza, según este inspector.

La relación entre las oenegés y la Policía Nacional es bidireccional puesto que estas también detectan casos y los ponen en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a partir de este interlocutor. Cáritas, APIP ACAM, Médicos del Mundo o Cruz Blanca realizan atenciones en sus centros, en polígonos industriales, en la calle y en algunos domicilios. La mayoría de mujeres que son explotadas sexualmente en Aragón son de origen nigeriano y latinoamericano que son extorsionadas y amenazadas incluso con santería. En lo que se refiere al ámbito laboral, durante la última operación fueron liberados varios pakistanís.