La contratación de personas con discapacidad se desploma un 30%

Un dato que demuestra la influencia negativa del covid en este colectivo es que en el 2020 la contratación de personas con discapacidad cayó un 30% en toda España. «El impacto es demoledor, es un sector muy débil en términos de empleo incluso en épocas de bonanza económica», ha señalado a Europa Press el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, que ha alertado de que si las diferentes administraciones no hacen nada para solucionar este problema, «más que diagnóstico de la situación tendremos que hablar de autopsia, de qué murió».

En Zaragoza, las diferentes agrupaciones que se han dado cita en la sede de Cermi leyeron un manifiesto en lectura fácil para pedir más oportunidades para las personas con discapacidad a la hora de acceder a la vivienda. Y el primer problema con el que se suelen encontrar es el precio de la misma. Los altos índices de paro que registra el colectivo les impide poder tener ingresos suficientes como para ser independientes, por lo que muchos viven con sus familias o en residencias, un modelo que piden que se reforme.

«Las empresas no suelen dar trabajo a las personas con discapacidad y, además, tenemos más gastos por nuestra discapacidad. Por eso, solemos conseguir menos dinero para tener nuestra propia vida», han lamentado en la lectura del manifiesto. Así, han pedido que se tengan en cuenta criterios como la discapacidad a la hora de acceder al parque público de vivienda.

Esta realidad empuja a muchas familias de las personas con discapacidad a institucionalizarles, es decir, a meterles en una residencia en la que «se aíslan del mundo» y no se relacionan con el resto de la comunidad.

«Tenemos derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir», han explicado, y esta posibilidad va desapareciendo cuanto mayor es la necesidad de apoyo. «Eso no es justo. También tenemos derecho a vivir en comunidad, como el resto de las personas. Por eso, el acceso a la vivienda no puede depender del nivel de apoyo», han criticado.

Ayudas para contratar asistentes personales

Para tratar de fomentar esa libertad de elección del lugar de residencia, desde Cermi han reclamado que el colectivo «reciba ayudas para poder contratar asistentes personales» que apoyen a las personas con discapacidad a vivir en la vivienda que elijan, junto a los suyos y en la zona que decidan.

Otro de los aspectos que este colectivo considera indispensable es la accesibilidad de los hogares, puesto que en la actualidad, «la mayoría de las viviendas nuevas se guían por criterios técnicos que no tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad», ha denunciado el presidente de Cermi en Aragón, Luis Gonzaga. Y si este es un problema con los pisos de nueva construcción, la situación se agrava con las casas más antiguas, que son la mayoría en las grandes ciudades.

Además de denunciar las situaciones a las que tienen que enfrentarse las personas con discapacidad, Cermi, que agrupa a más de 300 entidades en Aragón, ha propuesto destinar al menos «un 2% del producto interior bruto (PIB) a construir vivienda pública» que, asimismo, tenga en consideración los criterios de accesibilidad y el asesoramiento de representantes del colectivo para garantizar la inclusión.

También han pedido la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras de accesibilidad en los edificios sean obligatorias siempre que las soliciten personas con discapacidad o mayores de 70 años, «sin tener en cuenta el coste».

Por otra parte, en la conmemoración de este Día Nacional, que se celebra desde el año 2019, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha reclamado también este lunes que se actualice «con urgencia» el baremo de valoración del grado de discapacidad, que lleva más de 20 años sin renovarse. «No podemos esperar más», ha afirmado el presidente de esta organización, Anxo Queiruga, tras el anuncio por parte del Imserso esta semana de que el nuevo baremo se aprobará de forma definitiva en el año 2022. «Se tienen que agilizar todos los trámites para que se ponga en marcha lo antes posible», ha exigido. 

Seis millones para las residencias

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, también ha estado presente en la lectura del manifiesto de Cermi por el Día Nacional de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y anunció dos convocatorias de subvenciones, por un valor de seis millones de euros en total, para renovar las instalaciones de las residencias de la comunidad, tanto de las que son para personas mayores como para las que tienen algún tipo de discapacidad.

El dinero procederá de los 23 millones de euros del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia procedentes del Gobierno central que la DGA va a gestionar este año. El reparto del monto global que maneja el Estado se conoció ayer en el transcurso de la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, «donde hubo acuerdo para el reparto que, ahora, debe ser ratificado por el Consejo de Ministros», informaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

Entre las iniciativas que el Gobierno de Aragón quiere promover, figura esta convocatoria de dos líneas de subvenciones, cada una de ellas dotadas con tres millones de euros a financiar en dos ejercicios. Una de estas líneas está destinada a los ayuntamientos y servirá para que estos puedan financiar las inversiones que realicen en residencias. La otra línea se abre para entidades y empresas que gestionen residencias con plazas concertadas.

Asimismo, Broto, que estuvo acompañada por la Delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, aseguró que su departamento va a impulsar las actuaciones necesarias para desarrollar la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en el 2019 y que, «por culpa de la pandemia», no ha tenido por el momento el recorrido esperado