El detonante de toda la vorágine de llamadas y aclaraciones que se ha producido en los últimos días a raíz de un expediente de Urbanismo tiene su origen en el despacho de un abogado de 59 años en el centro de Zaragoza (cuya identidad prefiere omitir) que se encontró esta semana la visita de la Policía Local entregándole la resolución de un expediente en el que se le ordenaba el "cese en el uso" de esas oficinas. Aludía ese escrito a que solo se permite esa actividad en el Plan General en las plantas semisótano, baja y primera, cuando se comparte el acceso al edificio con el resto de viviendas del inmueble. Pero lo que más le ha indignado llega más adelante, cuando le dice que la carencia de esa autorización municipal preceptiva conlleva que esta "tenga la naturaleza de clandestina".

"No pueden decir que hay una actividad clandestina como si estuviéramos vendiendo drogas o haciendo trata de blancas. Pago todos mis impuestos, los seguros, estoy en todos los registros... Es una falta de respeto a todo un colectivo, no hay derecho a que digan eso", relata este profesional señalado por el consistorio.

"Llevo 35 años en el ejercicio de esta profesión, he estado en otro despacho que estaba en un cuarto piso en el centro durante 13 años y que tenía en plantas superiores una notaría, otro despacho de abogados, un negocio del sector del automóvil, una constructora y dos consultas de médicos junto a pisos de particulares. Y nunca pasó nada. Tampoco en este despacho, donde antes que nosotros había otro bufete que estuvo diez años y nunca se le planteó esto", expone el afectado de este expediente que, entre las indicaciones que se le hacen, se le advierte de que, en caso de no cesar el uso, se le podrían imponer sanciones.

"No estamos hablando de una multa de 1.000 o 3.000 euros, sino de acabar con tu medio de vida, por una norma que está obsoleta", lamenta este letrado, quien añade que son muchos los trabajadores que dependen de que el suyo y todos los despachos que siguen funcionando en Zaragoza no cesen su actividad. Porque si un expediente como el que él ha recibido se lleva a término puede tardar dos meses en obtener una nueva licencia, que a la vista de esta normativa, no se podría obtener en este mismo emplazamiento. "¿Quién les paga las nóminas a los trabajadores si no podemos atender a nuestros clientes?", se pregunta.

Los mismos agentes que le trasladaron la notificación le aseguraron que era la primera vez que veían algo así en 20 años en el cuerpo. "Solo ha ocurrido con una peluquería en Zaragoza" y no por el hecho de estar en pisos más altos que el primero, sino porque su actividad resultaba «nociva y molesta» para el vecindario. De hecho, esta es la excepción, la norma es el archivo del expediente. Por un texto legal que, asegura este afectado, "nos deja a todos a los pies de los caballos, o al albur de la vendetta de alguien que solo quiera cerrar el despacho", concluye.