El Gobierno de Aragón está "comprometido" con las energías renovables y su desarrollo en la comunidad autónoma. Así lo reafirmó ayer en la sesión plenaria de las Cortes el vicepresidente y consejero de Industria del Ejecutivo autonómico, Arturo Aliaga, ante la petición de comparecencia de Ciudadanos a cuenta del debate surgido en torno a las eólicas por la multiplicación de proyectos, sobre todo, en la provincia de Teruel.
El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, le urgió a que aclarara la posición del Gobierno y se "mojara" sobre la cuestión, después de resaltar las discrepancias en la materia entre los socios de Gobierno. Y Aliaga entró. Y subrayó que quienes tienen la competencia administrativa «son los consejeros», no los directores generales.
Lo dijo en referencia clara al informe técnico elaborado por la dirección general de Medio Natural, bajo el mando del director general Diego Bayona, de Podemos, que cuestiona el macroproyecto de Forestalia en el Maestrazgo por su impacto medioambiental. Aliaga animó a Ramírez a que le dijera "cuántos expedientes se han paralizado por ello".
El Gobierno de Aragón, insistió, cumple la ley "con pulcritud" y volvió a expresar que ninguna instalación recalará en un municipio que no lo apoye. Eso sí, recordó el consejero, rechazar proyectos y plantear moratorias desde el territorio «tiene sus riesgos». «Si hay un plazo de cinco años por lee y no se cumple, se pierde el acceso a derecho y conexión», alertó. En este sentido, afirmó que sería «un error» plantear una moratoria para toda la comunidad.
El portavoz de Cs en Industria, Ramiro Domínguez, insistió en que "es una oportunidad que no podemos perder en el territorio", y aseguró que las energías verdes pueden ser "parte de la salvación de cientos y cientos de municipios en los que el único ingreso que tendrán será por esto y con ello podrán tener servicios".
La diputada de Podemos, Marta Prades, sin embargo, llamó a "evitar un pelotazo energético" y destacó que entre los acuerdos de Gobierno también se encuentra la lucha contra el cambio climático. Reclamó un "plan de ordenación" y que "prime la información y la transparencia y no falte la participación de la ciudadanía". Pidió, también, la puesta en marcha de una "empresa pública de energía".
Joaquín Palacín, portavoz de CHA, reivindicó un plan ordenado para "maximizar los beneficios y minimizar los impactos" y que «el territorio sea el protagonista del desarrollo y la implantación de estas instalaciones».
