Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves de forma unánime, y tras un sosegado debate, el dictamen que surge de la comisión de estudio del estado de las residencias, que lleva trabajando en el parlamento autonómico desde hace ocho meses. Tras 20 sesiones y más de una treintena de comparecencias, en las que han participado todos los actores sociales involucrados en este asunto, el resultado ha sido un documento de 186 páginas en el que se detallan las fortalezas y debilidades del sistema residencial aragonés. Entre las conclusiones destacan 96 medidas que podrían resumirse en dos actuaciones principales: bajar la ratio de cuidadores por residente y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de estos centros para mejorar, al mismo tiempo, la capacidad asistencial a los mayores.

El dictamen, eso sí, no fija plazos ni cuantías para traducir el texto en una realidad visible. Será ahora el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige María Victoria Broto, quien deba asumir este documento, para lo que creará una comisión que trabaje en el texto.

Eso sí, una de las primeras actuaciones que llevará a cabo el Departamento de Broto será derogar el decreto 111/1992, que es el que regula las ratios actuales que rigen en las residencias.

Según la normativa actual, en las residencias de las personas mayores válidas el índice de personal del centro con respecto a las camas en funcionamiento deberá de ser de 0,25; de 0,30 en las residencias mixtas; y de 0,35 en las de personas mayores asistidas.

Según el dictamen, se deberá tramitar, «con carácter urgente, la modificación del Decreto 111/1992 [...] para la elaboración de una nueva normativa que regule las nuevas tipologías de servicios y centros de servicios sociales especializados, incorporando en la gestión los principios del modelo de atención centrada en la persona y adecúe los perfiles profesionales y ratios de personal a la realidad actual, diferenciando la atención directa del resto del personal de los centros».

En el debate en las Cortes, que finalizó con la votación a favor de todos los grupos políticos, el tono fue moderado. No obstante, entre las que destacaron por su discurso estuvieron la portavoz de Ciudadanía del PP, Marían Orós, y la de Podemos, Erika Sanz. La primera señaló que cuando su grupo propuso la creación de la comisión de estudio de las residencias no lo hizo con ánimo «de buscar culpables ni señalar a nadie como supuesto culpable de un delito político». La diputada morada, por su parte, recordó que el análisis de la situación de las residencias se debe hacer con perspectiva de género, ya que las mujeres mayores, con pensiones más bajas, tienen menos dinero para pagar una plaza, y también porque la mayoría de trabajadoras son mujeres en estos centros.