La implantación de un pago simbólico en las autovías no gusta en Aragón. El sector del transporte, que supone el 5% de la riqueza y el empleo de la comunidad; las empresas exportadoras, que temen un incremento de sus costes logísticos; y el propio Ejecutivo autonómico rechazan la propuesta remitida por el Gobierno de Sánchez a Bruselas con el fin de garantizar los fondos necesarios para costear el mantenimiento de la red de carreteras. Aunque se trata de solo un plan sobre el que no hay una decisión definitiva, la sola idea de fijar este nuevo cargo genera un rechazo generalizado en un momento en el que se vislumbran importantes mejoras en la red varia de nuestro territorio, como el progresivo desdoblamiento de la N-232 (recién estrenado entre Figueruelas y Gallur, y a falta de hacerlo en el 2022 hasta Mallén) o la liberalización del peaje de la AP-2 que conecta Zaragoza con Barcelona prevista para septiembre de este año.

El propio consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, señaló ayer que «no es una buena medida» para la comunidad porque supone «el pago por usar unas infraestructuras públicas, que se han financiado con los impuestos que ya ha pagado la ciudadanía». «Ese uso no puede utilizarse para recaudar más impuestos, y menos unos impuestos no progresivos que no dependen del nivel de los ingresos», afirmó.

Para Soro, el sistema propuesto por el Gobierno central sería «especialmente injusto» en Aragón por «el déficit de inversiones que hemos sufrido durante décadas». Y también lo consideró «injusto» para los profesionales del transporte «que ya soportan una situación muy complicada en estos momentos que les ha hecho renunciar, incluso, al uso de las autopistas a pesar de las bonificaciones». Por todo ello, desde el Gobierno de Aragón no se contempla esta medida para las carreteras autonómicas.

Aunque genera un amplio rechazo, el cobro por el uso de las infraestructuras viarias es algo que ya se aplica, con diferentes sistemas, en 23 de los 27 países que forman la Unión Europea. En 15 de ellos, lo hacen en toda su red de carreteras. Pero solo se hará si hay consenso político y social.

La comunidad aragonesa se vería seriamente afectada por esta decisión, si es que el plan se acaba materializando. La medida penalizaría a una tierra donde el sector del transporte y la logística tiene un elevado peso. La amplia extensión territorial y la posición geoestratégica también jugarían en su contra, al ser un lugar clave para el movimiento de mercancías por carretera, que supone el medio utilizado en más del 90% de los flujos de carga en España.

600 kilómetros de autovía

Por Aragón discurre el 7% del total de la red nacional de carreteras, unos 11.483 kilómetros sin tener en cuenta las que pertenecen a organismos, municipios o confederaciones hidrográficas. La mitad de esta longitud es de titularidad autonómica, un 21% está a cargo del Estado y el 29% restante lo gestionan las diputaciones provinciales.

En cuanto vías de alta capacidad, Aragón tiene más de 160 kilómetros de autopistas de pago, a los que se suman 5,3 kilómetros del peaje en sombra de la DGA entre Villafranca y El Burgo de Ebro. Las autovías gratuitas que discurren por la comunidad superan los 600 kilómetros, a los que habrá que añadir varias tramos en obras, como los 14 kilómetros entre Mallén y Gallur, en la N-232;_o los 12 entre Huesca y Siétamo, en la A-22 que conecta con Lérida.

A falta de que el Ejecutivo fije la tarifa que se aplicará, dos sectores ya han hecho sus propuestas sobre cuánto se debería cobrar por el uso de las autovías. Según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), el pago de un peaje de cuatro céntimos de media bastaría para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya arrastra la conservación de carreteras en el país. Con este baremo, el viaje desde Zaragoza a Madrid, Barcelona o Valencia rondaría los 12 euros, mientras que ir a de vacaciones a la playa de Salou o la de Peñíscola saldría por unos diez euros partiendo desde la capital aragonesa.

Hasta 27 euros

Sin embargo, desde Seopan, la patronal de las grandes constructoras de infraestructuras y concesionarias de autopistas de España, elevan el coste que deberían pagar los usuarios a nueve céntimos por kilómetro para los turismos y 0,19 euros para los camiones. Con ese baremo, el viaje a Madrid, Barcelona y Valencia costaría unos 27 euros en peajes a un vehículo ligero y cerca de 60 para los pesados. 

En la actualidad, Abertis (Acesa) cobra 17,3 euros por el viaje entre Zaragoza y Logroño por la AP-68, y 33,15 euros si la ruta sigue hasta Bilbao, para un vehículo ligero, a razón de unos diez céntimos por kilómetro. En el caso de los camiones el coste llega a 31,05 y 60,25 euros, respectivamente. Y  la autopista que conecta con Barcelona sale por 25,65 euros, por el peaje entre Alfajarín y El Vendrell (Tarragona), pero este pasará a ser gratuita a partir de próximo mes de septiembre al no haberse renovado la concesión a la empresa que lo explota, también de Abertis. En el caso de la AP-68 la concesión estará vigente hasta el 2026.

El nuevo sistema de pago frustraría la buena noticia que supone la liberalización de dicha autopista para los municipios situados en el último tramo que queda por desdoblar de la carretera de Barcelona (N-II), de Alfajarín a Fraga, uno de los más conflictivos de la red nacional por elevado tráfico pesado que soporta y los accidentes que registra cada año.

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También con desazón esta medida en las localidades de la Ribera Alta del Ebro, ahora que ven próximo el desdoblamiento de la N-232, una demanda histórica que ha costado muchas vidas. Para finales del 2022 está prevista la puesta en servicio del último tramo que se convertirá en autovía, pero la gratuidad de esta carretera tendría los días contados si se llevó a cabo el plan del Gobierno.

Por eso se explica ese frente común de vecinos, profesionales y políticos en territorio aragonés, que tras décadas de reivindicar vías de alta capacidad y favor de la seguridad vial, ahora ven probable que en las que están a punto de conseguirse la gratuidad dure un suspiro, y en las que queden por hacer, quizá su ejecución se fíe a otros intereses o datos que no son los de la rentabilidad social y los de atajar la alta siniestralidad viaria. H