Los presidentes de Aragón, Castilla y León y Castilla- La Mancha rubricaron ayer el Pacto de Albarracín, un documento de compromiso por el medio rural que es también una llamada de atención a la ministra de Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al Gobierno de España al completo, al que se reclama una implicación directa y clara con la lucha contra la despoblación a través de políticas concretas que trasciendan las palabras y las buenas intenciones. Es el momento de «actuar», proclamaron los socialistas Javier Lambán y Emiliano García Page, unidos en esta batalla al conservador Alfonso Fernández Mañueco.

Los tres líderes autonómicos se atribuyeron la representación de otras cinco comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Extremadura) para exigir un foro exclusivo que trate el problema de la despoblación con quienes directamente lo sufren. No es lo mismo el «reto demográfico» que la despoblación, insistieron. Y reclamaron desde el corazón de la España rural que este problema que la lleva aquejando durante décadas reciba la atención necesaria.

 Un 20% menos

Lo hicieron en un marco «inigualable», reconoció el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, con la muralla de Albarracín como telón de fondo. Desde allí reclamaron que el logro obtenido en Europa se haga una realidad en España para que las empresas que se instalen en las provincias de Teruel, Soria o Cuenca puedan beneficiarse «ya» de la reducción del 20% de los costes laborales, tal y como prevé la UE para los territorios escasamente poblados, como Laponia, y también sus zonas colindantes. «Como las comarcas de Daroca, el Aranda o Calatayud», explicó Lambán. «Y algunas zonas de Guadalajara o Ciudad Real», dijo Page.

«Conseguimos que Europa entendiera nuestro argumento; ahora está en la mano del ministerio de Hacienda y la ministra Montero trasladar el beneficio a las tres provincias», subrayó Lambán, que calificó en reiteradas ocasiones la decisión de la UE como un «éxito» colectivo de las tres comunidades que quieren seguir en el proceso «de la mano del Gobierno de España».

Además, los tres líderes autonómicos pusieron de manifiesto la importancia de que los asuntos que tienen que ver con la despoblación se diriman en un foro específico con las ocho comunidades autónomas afectadas, en lugar de en un espacio común con las 17. Una petición dirigida al mismo corazón del ministerio de Reto Demográfico, que precisamente reúne hoy a los consejeros y a la ministra en una conferencia sectorial para tratar las 130 medidas definidas para hacerle frente.

Consideran que el reto es suficientemente importante como para que se afronte con quienes ya llevan «muchos años» trabajando por recuperar población en el medio rural y mantener los servicios. «Buena parte del trabajo de análisis está hecho», recalcó Lambán, que añadió que son precisamente las comunidades autónomas «la parte fundamental de la solución al problema desde el punto de vista de la Administración», en tanto en cuanto son las gestoras de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Por eso reclamaron a Ribera que las 130 medidas que se analizarán hoy en la conferencia sectorial «se transformen en políticas concretas».

Las políticas "concretas"

En la lista de propuestas, algunas no son novedad, como el ansiado nuevo modelo de financiación autonómica que prime el coste de la prestación de los servicios públicos sobre el número de habitantes, y que la PAC vaya dejando de lado los derechos históricos. A estas, añadió Lambán otras como la «revisión de las normativas estatales para que la producción de energía se pueda aprovechar para fomentar el desarrollo de las comunidades donde se genera».

Además, reivindicaron la importancia de referirse al medio rural en positivo, con «políticas de revitalización» en lugar de hablar de la España Vaciada, que hace un «flaco favor» a esta lucha, en palabras del presidente aragonés. «No tiene sentido que vinculemos nuestra batalla bajo el epígrafe de reto demográfico. El reto demográfico principal de España es el envejecimiento, que afecta al medio rural y a las ciudades», insistió.

El presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, subrayó que «los fondos europeos tienen que servir para reequilibrar las políticas públicas en el territorio», una financiación «clave» para revertir la situación y no ahondar en las diferencias entre la España rural y a de los grandes polos industriales.

El líder castellanomanchego recordó que con el amparo de la Unión Europea, «Cuenca, Teruel y Soria son zonas oficialmente en despoblación, zonas por reaprovechar, con una cantidad de oportunidades extraordinaria». Por eso, recalcó el compromiso de los tres presidentes para que «no se duerma en los laureles el compromiso que adquirió todo el mundo en la lucha contra la despoblación». 

García Page, Lambán y Fernández Mañueco, en la presentación del Pacto de Albarracín, con la muralla al fondo. GOBIERNO DE ARAGÓN