Los trabajadores de la planta de Ferroatlántica del Cinca en Monzón han rechazado este jueves el acuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección del grupo para la aplicación del expediente de regulación de empleo (ere). Tras una asamblea informativa sobre el contenido de este pacto, se llevo a cabo una votación que se saldó con 73 votos en contra (el 58% de total de los sufragios emitidos), 42 a favor, ocho en blanco y uno nulo. Tanto UGT como CCOO, los dos sindicatos que ostentan la representación de la parte social en la factoría oscense, habían dado su respaldo al pacto.

El acuerdo reducía de 63 a 42 el número de despidos si se cumplían las 12 recolocaciones ofrecidas por la compañía, de las que seis eran en Santander (para el personal con contrato de relevo), cuatro en La Coruña y dos de Madrid. También establecía que el ere afectaba a los once contratos fijos discontinuos o 31 con empleos indefinidos.

«Los despidos no nos gustan a nadie, pero era el único acuerdo posible que se podía hacer en estos momentos», defendió José Juan Arcéiz, secretario general de la federación de Industria de UGT Aragón, quien consideró que las condiciones de las indemnizaciones eran «aceptables». «La plantilla ha dicho que no soberanamente. La pelota está ahora en el tejado de la empresa», aseveró.

La decisión será comunicada en las próximas horas a la dirección de Ferroaltántica (antes Hidro Nitro), que pertenece a Ferroglobe, el productor de ferroaleaciones controlado por el Grupo Villar Mir. La compañía puede ahora tomar diferentes caminos. 

Inversiones en el aire

Por un lado, visto el rechazo de la plantilla, podría optar por retirar el ere y reiniciar un nuevo proceso de negociación, o bien, seguir adelante con el despido colectivo. En este segundo caso, se aplicarían las condiciones pactadas con la parte social o las que la empresa decida unilateralmente.

El consenso entre la empresa y el comité también incluía un plan de inversiones por valor de 1,1 millones de euros en la planta montisonense, algo que UGT y CCOO reivindicaban desde el inicio del conflicto laboral y que fue una de las principales razones para alcanzar el pacto. Entre las actuaciones previstas se contemplaba la instalación de una línea de fabricación de electrodos par el grupo. No obstante, este esfuerzo económico estaba vinculado a obtener las ayudas públicas necesarias.

Las indemnizaciones por despido que se habían acordado eran de 40 días por año trabajado con un límite de 18 mensualidades. Este tope se rebajaba a 12 meses para el personal que no aceptase el contrato relevo. También se establecía la creación de una bolsa de empleo con los trabajadores afectados por el ere. Si hay posibilidad de contrataciones indefinidas en Monzón, las vacante se ofrecerían a los desplazados en otras plantas, y si para trabajos eventuales, se ofrecerían a los despedidos.