La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) ha criticado la presión que dice están sufriendo los profesionales de la fruticultura debido a las inspecciones laborales "preventivas" en el inicio de la campaña de recolección. A su juicio, son "totalmente arbitrarias", basadas en “presunciones de fraude” y "ponen injustamente en entredicho la honradez" de los agricultores que contratan mano de obra temporal. Además, la organización agraria señala que los requerimientos que está haciendo la autoridad laboral demuestran "un desconocimiento de la realidad del sector y supone duplicar las obligaciones" de los profesionales del sector. 

UAGA destaca que los agricultores han cumplido con todos los trámites burocráticos para la presentación de la declaración responsable y que cuando la actividad en el sector de la fruta empieza su fase de apogeo, con las tareas de aclareo e inicio de la campaña de la cereza, "muchísimos" fruticultores están recibiendo desde hace unos días una notificación de Inspección de Trabajo en la que se les concede un plazo de cinco días hábiles para presentar 11 documentos diferentes de forma telemática.

Se trata de documentos relativos a la identificación de fincas que cultivan, lugar de entrega de la producción agrícola, volumen de facturación del año anterior, previsiones de contratación en 2021 o estimación de calendario.

Labor disuasoria de la Inspección de Trabajo

Según Inspección de trabajo, lo que se pretende con esta campaña de inspecciones preventivas es hacer una “labor disuasoria” frente a eventuales incumplimientos legales que pudieran hacer los agricultores durante la próxima campaña de recolección, dirigiéndose hacia perfiles de riesgo concretos. Sin embargo, UAGA ha comprobado que las personas que han recibido la notificación, y han contactado con esta organización, "cumplen con todas sus obligaciones, y además, nunca han sido sancionados a pesar de haber sido objeto de inspección en campañas anteriores".

Por otra parte, UAGA destaca que la mayoría de los documentos requeridos ya obran en poder de la propia Administración y en otros casos, para poder facilitar la información sobre la contratación habrá que esperar a que empiece la propia campaña.

En ese sentido, la organización agraria recuerda que el 18 de febrero el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón publicó una orden para la prevención de la covid-19, que obligaba a todas las personas propietarias de una hectárea o más superficie destinada al cultivo de fruta a presentar una declaración responsable informando de la estimación de cosecha y la previsión de contratación de mano de obra para la recolección.

En ese momento, según UAGA, "los agricultores demostraron una gran responsabilidad y cumplieron ampliamente con este requerimiento", ya que las solicitudes presentadas abarcaron el 95% de la superficie total de frutales de Aragón. Una declaración que esta organización agraria animó a rellenar "por respeto y responsabilidad" hacia las decisiones sanitarias de la administración, y que, a su juicio, "contrasta ahora con estas actuaciones arbitrarias e injustificadas".

Acción "desproporcionada"

UAGA considera que esta acción de la Inspección de Trabajo "no es la más idónea para los fines pretendidos" y la califica de "innecesaria y totalmente desproporcionada", ya que indica expresamente que la “incomparecencia o la no presentación de toda la documentación requerida constituye acto de infracción sancionable” con una multa de hasta 6.250 euros.

En este sentido, denuncia que la coordinación entre Inspección de Trabajo y el Gobierno de Aragón comience "con amenazas de sanciones tan graves". "Pero por si todo esto fuera poco --añade UAGA--, los agricultores también están recibiendo notificaciones de procedimientos sancionadores emprendidos por el Gobierno de Aragón por la no presentación de la declaración responsable".

UAGA critica que cuando aún está abierto el plazo para que los agricultores puedan tramitar la declaración de cultivos en la PAC, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón esté notificando el inicio de procedimientos sancionadores por no presentar la declaración responsable, con una sanción mínima de 1.800 euros.