La ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa es una de esas «discrepancias políticas asumidas» en el seno del cuatripartito del Gobierno de Aragón formado por PSOE, PAR, Podemos y CHA, y que el líder del Ejecutivo, el socialista Javier Lambán, verbalizó este martesde forma clara. El PSOE y el PAR están a favor de la ocupación urgente de los terrenos de los propietarios con los que Aramón no ha llegado a un acuerdo todavía, y sus votos, 9 de 11 en el Consejo de Gobierno, son mayoría frente a los de CHA y Podemos, que históricamente se han opuesto al proyecto. Mientras tanto, los vecinos afectados y las entidades ecologistas que se oponen a la expropiación ya anuncian que pedirán al juez medidas cautelares para que no empiecen las obras. Y que están estudiando las posibles implicaciones legales de la decisión de la consejera de Economía, Marta Gastón, de dar el visto bueno al procedimiento de urgencia al tiempo que es la presidenta de Aramón, entidad mercantil que es la principal interesada en que avancen las obras.

«El Gobierno de Aragón, al menos dos de los partidos del Gobierno de Aragón, el PSOE y el PAR, que desempeñamos 9 de los 11 cargos que componemos el Gobierno, apostamos decididamente por la nieve, por el Pirineo», afirmó el presidente aragonés, en su visita a Tamarite de Litera. «Creemos que sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo, lo digo con toda claridad. Y pensamos que para ser competitivos con otras zonas, como Cataluña, Andalucía o los países de los Alpes, hay que invertir en la nieve, hay que ampliar las superficies esquiables», dijo.

"Creemos que sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo"

Javier Lambán - Presidente de Aragón

Preguntado por la justificación de la «urgencia» de un proyecto que lleva aparcado desde 2012, y que se motiva ahora en un acuerdo de Gobierno publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del lunes para «paliar el déficit socioeconómico» de la zona, Lambán insistió en que «la urgencia de la expropiación se justifica porque se trata de que este verano se puedan hacer las obras correspondientes». Y señaló que «la mayor parte de los afectados han dado su visto bueno a la ocupación de los terrenos».

Así lo refrendó la Asociación Queremos futuro para el valle de Castanesa, que aglutina a 150 socios del valle, y transmitió ayer su apoyo a la DGA a través de un comunicado. Su presidente, Javier Pellicer, defendió que «todos los propietarios hemos tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo con Aramón, sin necesidad de pasar por la expropiación. Son una minoría los que no han firmado; y en ningún momento la expropiación ha sido impuesta». Recordaron que los propietarios que están de acuerdo con el proyecto representan el 90% de la superficie necesaria con «servitud de uso» y el 74% de superficie necesaria de «ocupación definitiva», donde se instalan los elementos fijos.

La declaración del procedimiento de urgencia desde el Departamento de Economía llegó después de que de Vertebración del Territorio, que lidera el aragonesista José Luis Soro, declinara durante más de un año las solicitudes de Aramón en ese sentido y después de que la Secretaría General Técnica informara de que se seguiría el procedimiento de expropiación «ordinario». Por eso, el presidente de CHA, Joaquín Palacín, recordó ayer «la oposición histórica de CHA a este proyecto». Y señaló: «no compartimos que se tramite de manera urgente la expropiación, y más después de diez años de la aprobación del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), con una revisión en marcha para ajustarlo, y en un momento en el que los esfuerzos deberían estar puestos en la recuperación económica y social de los sectores más afectados, en el caso del Pirineo, en el sector turístico».

"No compartimos que se tramite de manera urgente la expropiación, y más después de diez años de la aprobación del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA)"

Joaquín Palacín - Presidente de CHA y portavoz en las Cortes de Aragón

Jesús Guerrero, portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, manifestó que su formación siempre ha tenido claro que «las estaciones de nieve en el Pirineo son un motor prioritario y esencial de dinamización para las zonas rurales de montaña y para el Alto Aragón». Y aseguró que el proyecto «es clave para fijar y ampliar población y dotar de oportunidades al medio rural». La líder de Podemos Aragón y consejera de Ciencia, Maru Díaz, aseguró que han exigido al Gobierno «la renuncia al proyecto inicial y la revisión de todo lo que se haga bajo una nueva evaluación ambiental acorde a las nuevas normativas europeas y al cambio climático». Y señaló que el hecho de que el procedimiento esté judicializado «denota el fracaso de la mediación y el consenso necesarios».

UN ASUNTO JUDICIALIZADO

Precisamente, los vecinos y asociaciones ecologistas y representantes del territorio que ya habían llevado la expropiación de los terrenos a los tribunales se plantean ahora reclamar medidas cautelares al juez para que las obras no puedan empezar en unos terrenos en los que sus dueños no han llegado a acuerdos con Aramón.

«Lo vamos a recurrir y vamos a pedir la paralización de las obras, porque ya no es siquiera cuestión de si es urgente o no, lo que vemos es una necesidad de una empresa y la complicidad del Gobierno de Aragón con ella, hasta el punto de que se expropia a vecinos para darle los terrenos a una empresa privada», señala Manel Badía, uno de los propietarios afectados contrarios al proyecto y presidente de la asociación Naturaleza Rural.

Paco Iturbe, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón se expresó en términos similares, y manifestó que «si no se plantea la paralización de las obras mientras hay abierto un proceso judicial, si llega la sentencia dentro de un año, no podría restituirse a los propietarios su terreno porque si han entrado las máquinas, habrá efectos irreparables».

Rosa Medina, propietaria también contraria al proyecto, se mostró «indignada» por cómo se está llevando el proceso, e insistió en que «un proyecto que lleva 10 años metido en un cajón no puede declararse urgente por el artículo 33». Además, lamentó que el proyecto «no significará la revitalización del valle, porque no tendremos ningún acceso a la estación».

También señaló Iturbe que se van a analizar las posibles implicaciones legales de la decisión de Gastón. «Es chocante que una consejería sin responsabilidad en la materia, ya que los Planes de Interés General de Aragón se gestionan en Vertebración del Territorio, y que a su vez es presidenta de Aramón, tome la decisión. ¿Prevalece su cargo en Aramón sobre su cargo público?_Nos parece muy delicado», indicó.