La Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (Aesa) denunció ayer, en palabras de su presidente, que la Ley del Juego de Aragón puede perjudicar de manera notable a estos negocios. La aprobación del anteproyecto de modificación de la ley actual podría conllevar que más de 2.000 trabajadores pierdan su puesto de trabajo, además del cierre de 30 establecimientos y otras consecuencias económicas en actividades de juego presencial, sobre todo en la hostelería.
Así, la ley afectaría a los bares con tragaperras, que verán mermados sus ingresos entre 7.000 y 12.000 euros si se ven obligados a realizar una inversión adicional en equipos informáticos. «Si desaparecen estas máquinas, con ellas se irían también cientos de empleos», asegura el presidente de Aesa, José Antonio Rubio.
En la nueva redacción no se establecen planes de apoyo o aportación económica alguna «por parte de una Administración que recauda del juego más de 34 millones de euros al año», dicen en Aesa, donde aseguran vivir rodeados de falsedades como que las casas de apuestas proliferan «cuando solo en Zaragoza se han cerrado 18 salones en diez años (de 71 a 53 casas)» o que prefieren estar cerca de los colegios. «¿Pero cómo nos va a interesar eso si no dejamos entrar a los menores?».
La queja es evidente. Mientras al creciente juego online no se le ponen excesivas trabas, se carga contra empresarios aragoneses que dejan todos los años una buena cantidad en impuestos a las distintas administraciones, en una ley que parece pensada solo para los salones. «De cada 100 euros de venta en salones, 41 van a las administraciones», recuerda el presidente de Aesa, que agrupa a 25 empresas operadoras titulares de 109 salas de juego y máquinas recreativas en las tres provincias aragonesas. En ellos trabajan más de mil personas a tiempo completo, aunque en estos momentos hay 600 personas sufriendo un erte y otras 181 se fueron al paro durante el año 2020.
El conjunto de salones y máquinas en Aragón factura 83 millones de euros al año, de los que 34 van, vía tributos, a las distintas administraciones. Sin embargo, la asociación denuncia que nada revierte «al fomento del juego responsable».
Una de las medidas que más preocupa es la monitorización, control y acceso remoto en tiempo real a las máquinas de juego instaladas en los salones por parte de la DGA, lo que requeriría inversiones «de hasta 200.000 euros por salón, algo inasumible para la mayor parte de los empresarios», explica el vicepresidente de Aesa, Jesús Tremosa. El 50% de las máquinas ya han sido sustituidas por otras más modernas adaptadas al control remoto, «pero reemplazar el 100% de una vez resulta inviable económicamente».
Otro punto de fricción son los accesos y el registro de visitantes, que la modificación legislativa quiere llevar a la entrada de los establecimientos. «En Aragón, todos los salones de juego llevan a cabo el control en la entrada de forma presencial por parte del personal de sala, que exige a los clientes la pertinente documentación de identificación, pero tener que hacerlo justo en la puerta y no poder incorporar tecnología como medios de reconocimiento biométrico, que sí se permiten en otras comunidades, obliga a duplicar el personal y, de nuevo, a incurrir en cuantiosos gastos», concluyen.
«En Aragón hay más de un millón de casas de apuestas»
Dice el presidente de Aesa, José Antonio Rubio, que en la nueva Ley del Juego no se está poniendo el foco correcto. «En Aragón hay más de un millón de casas de apuestas, tantas como dispositivos móviles hay en activo, pero la Ley no dice ni una palabra de eso. No está solucionando los problemas reales. Tampoco se habla de los quioscos de la ONCE o los locales de loterías y apuestas del Estado. Solo se controla a los salones de juego, por lo que no sabemos muy bien cuál es la motivación de la Ley. Parece que se quiera nacionalizar el juego y acabar con las pequeñas empresas y los autónomos, que dejan tributos en el territorio, generan gasto y trabajo presencial, pagan alquileres, IBIS, impuestos...».
Las restricciones, puntualiza el vicepresidente Tremosa, «no nos importan en exceso, estamos acostumbrados a cumplirlas», dice. «Pero el juego no son solo los salones, es el público, el privado, el online, las loterías... Pero el marco no es para todos igual y eso, además de ser injusto, destruye un sector para dejárselo a otro. Y a los que no afecta esta Ley es justo los que no tienen control de acceso».
La Ley en la que se está trabajando es «innecesaria, injusta e ineficaz», dice Rubio. Es innecesaria «porque no introduce ningún cambio que no pudiera haberse hecho mediante un decreto»; injusta porque «coarta la libertad de unas empresas que ejercen una actividad legal a las que no se permite publicitarse mientras sí lo hace el juego online o público»; e ineficaz «porque no protege a los colectivos que pretende proteger».
La asociación asegura tener planes «que sirven para prevenir, no para esconder». «Deberíamos empezar, por ejemplo, por enseñar a usar adecuadamente el móvil, pero nada de eso aparece en la normativa», incide Tremosa.
