El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por el Colegio de Abogados de Zaragoza después de que fuera sancionado por fijar precios. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón les impuso una sanción de 21.236,46 euros, cantidad que tendrá que devolver el Ejecutivo autonómico junto con los correspondientes intereses.

La sentencia, que no es firme, señala que la fijación de tarifas en la forma realizada por el colegio tiene su amparo en lo dispuesto en la Ley 25/2009, según la cual “los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados», que es la auténtica finalidad de estas normas.

Desde la institución se señala que «el ciudadano tiene derecho a conocer, previamente a iniciar un pleito, todas las consecuencias del mismo, incluido, lógicamente, el coste económico de dicha causa». Asimismo, destacan que "una parte importante de dicho coste económico lo constituye, no sólo los honorarios de los profesionales que contrate, sino también el coste de una eventual condena en costas".