Más control en los accesos a los salones de juego, más herramientas para la prevención de la ludopatía y nuevas restricciones para evitar la cercanía de los locales de apuestas a los colegios y centros frecuentados por menores. Estas son las líneas básicas que rigen la nueva reforma de la ley del Juego en Aragón, aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno, para sustituir a una legislación que databa del año 2000 y que se había quedado «obsoleta».
Sin embargo, la normativa aragonesa poco puede hacer frente al gran nicho de mercado del juego, que se encuentra en internet, y para el que la comunidad autónoma no tiene competencias. Tampoco para regular cuestiones como la publicidad de las casas de apuestas en los trajes de los equipos deportivos.
Para abordar estas cuestiones «urgentes», afirmó la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, el Ejecutivo autonómico ya ha enviado una carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para reclamarle que el Gobierno central «revise los abusos que pueda haber en el juego online». El texto se trasladará ahora a las Cortes para su posterior tramitación.
Las condiciones de la ley
Una de las principales novedades es la prohibición de abrir o ampliar locales de juego a menos de 300 metros a pie desde la puerta principal de los locales hasta la entrada de los centros de educación primaria, secundaria o de bachillerato, o enseñanzas artísticas profesionales, y de establecimientos públicos que realicen actividades de ocio y tiempo libre principalmente dirigidas a menores y jóvenes, y lo mismo hasta locales de actividades de formación no reglada que hayan sido acreditadas por el Instituto Aragonés de Juventud. Esta regla afectará a las instalaciones de nueva creación, pero no a las que ya están abiertas, reconoció Pérez.
Asimismo, la ley especifica la obligación de que los locales de juego dispongan de un servicio de control de acceso y registro de visitantes situado en la entrada de cada una de las puertas de acceso del establecimiento. Se obliga a identificar a los clientes con su DNI para comprobar que no son menores o que están incluidos en el registro de personas prohibidas al juego. Un control «obvio», señaló la consejera, que equipara la situación de estos salones, por ejemplo, a los bingos.
También se incorpora una modificación en el listado de personas «autoprohibidas» de los salones de juego, de donde solo quedarán excluidos por petición del propio afectado, no con el paso del tiempo, como ocurría hasta ahora. El interesado puede solicitar la cancelación pasados seis meses del registro. La consejera de Presidencia recordó que el listado de personas inscritas en este registro no ha hecho sino «aumentar en los últimos años» con más de 3.500 inscritos en 2020 frente al millar de 2015.
La nueva ley también actúa sobre la publicidad de los locales y se prohíbe la promoción de las actividades que estimule la práctica del juego, por ejemplo, con ofertas para jugar gratis, y con especial protección hacia los menores. Además, las máquinas deberán disponer de un sistema de monitorización que almacene un mínimo de tres meses la fecha y la hora de cada jugada. Y se ha creado una comisión que contará con la participación de los departamentos de Sanidad, Ciudadanía, Presidencia y Educación para seguir abordando medidas de prevención de la ludopatía.
Pérez: "Una parte del sector dice alguna media verdad"
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, se mostró sorprendida ante las críticas del sector del juego, que alertó este martes de que la nueva ley puede destruir hasta 2.000 empleos. "Ayer habló una parte del sector, que planteó alguna media verdad", aseguró Pérez. "El esfuerzo económico que aducen no es tal, el control de entrada es algo lógico, y el control remoto de las máquinas ya lo tienen, lo único que se pide es el acceso a esa información", manifestó la portavoz del Ejecutivo.
Además, aseguró que la norma incluye "el 58% de las alegaciones" presentadas al texto inicial.
