Aragón no quiere que el Gobierno central empiece a cobrar por el uso de las autovías. Ya lo habían dicho los portavoces de los principales partidos cuando se dio a conocer la propuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y lo refrendaron en sede parlamentaria. Las Cortes de Aragón rechazaron los peajes en las autovías y reclamaron al Gobierno central que desestime instaurar dichos cobros. 

El Parlamento autonómico aprobó por unanimidad tres textos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, votados finalmente con la misma redacción tras las enmiendas presentadas por los grupos que sustentan al cuatripartito, PSOE, Podemos, CHA y PAR, que también se mostraron contrarios al cobro en autopistas del Estado tras su liberalización.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, denunció que «el socialcomunismo apuesta por la creación de nuevos impuestos en lugar de reducir los gastos superfluos». Una medida «que mete la mano directamente en los bolsillos de las familias», y aseguró que «el encarecimiento de los costes del transporte tendría impacto directo en la economía española». 

El diputado popular Joaquín Juste recordó que «las carreteras ya las hemos pagado con nuestros impuestos» y denunció que esta medida supondría una «penalización» para la economía de las familias. «No se trata de un impuesto a los ricos, es un impuesto para todas las personas, cuando vayamos a trabajar o al médico, incluso», denunció. Y criticó que «en los seis últimos años no se ha invertido en carreteras».

El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Ortas, reclamó «menos peajes y más inversiones en el territorio», y recordó los tramos de la A-23 y la A-22 que están pendientes todavía. Calificó la medida como una «clara falta de diálogo y opacidad del Gobierno central». También el diputado de la formación liberal puso el foco en la «falta de inversión» y consideró que el cobro supondría un «doble impuesto» para todas aquellas personas que necesitan ir por carretera para ir a trabajar. 

En la misma línea, el portavoz de CHA, Joaquín Palacín, incidió en la necesidad de que se concluyan las infraestructuras pendientes. «Solamente con las obras que quedan por terminar, faltan por invertir 380 millones de euros en el Alto Aragón», denunció. «Hay una deuda histórica en Aragón», recordó.

El socialista Fernando Sabés subrayó que este debate exige «consenso» y recordó las palabras del ministro José Luis Ábalos, que afirmó que no se tomaría ninguna medida sin acuerdo de los actores implicados. Y reclamó acabar «todas las infraestructuras básicas» que dependen del Estado, que recordó, «se están avanzando». La diputada de Podemos, Vanesa Carbonell, calificó la medida de «inaceptable» y aseguró que «no se pueden asumir copagos en los servicios públicos, sin tener en cuenta la renta». También el portavoz de IU, Álvaro Sanz, calificó la iniciativa directamente de «inaceptable».

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, insistió en que hay que «intentar no cargar a familias, trabajadores y el sector del transporte». «Es bueno rectificar, pero hay que poner sentido común a las cosas y hay que seguir vertebrando las carreteras en ese 10% del territorio que es Aragón», insistió.