Un zaragozano de 51 años se ha librado de una deuda de 88.894 euros gracias a la ley de segunda oportunidad, que permite eximir a los autónomos y particulares de lo que deben a sus acreedores siempre que demuestren que han actuado de buena fe y que no tiene capacidad de pagar. Este mecanismo, aunque algo desconocido, está disponible desde el 2015. En los últimos meses va en aumento el goteo de casos de éxito que se consiguen a través de esta vía, lo que hace que cada vez más personas traten de acogerse al procedimiento para no poner a cero el contador de sus vidas desde el punto de vista económico.
El perdón de la deuda ha sido concedido por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, que ha dictado lo que técnicamente se llama beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). El beneficiario es un hombre soltero que ahora trabaja como teleoperador. Acabó en una situación de insolvencia por una desgracia familiar y un problema de salud, unas causas sobrevenidas que le han permitido eximirse de devolver lo que debe a ocho bancos y entidades.
Tras la muerte de su padre en el 2010, el deudor tuvo que solicitar préstamos para ayudar a su madre, que se quedó viuda y con escasos ingresos. Poco a poco vio que no podía continuar pagando, sobre todo a raíz de sufrir un infarto, que le hizo estar de baja durante un tiempo y ver mermado su poder adquisitivo. Solicitó una reunificación de los préstamos que tenía con el Banco Santander, pero el volumen de la deuda se había disparado por los intereses de demora.
«La cuota era casi 600 euros mensuales, lo que suponía la mitad de su salario, algo a lo que no podía hacer frente por los gastos básicos de alimentación o vivienda», explica Ana Isabel García Martín, la letrada del despacho Repara tu Deuda Abogados que ha logrado esta cancelación del pasivo. «Los acreedores no quisieron llegar a ningún acuerdo ni fraccionar el pago. No vio otra salida que acogerse a la ley de segunda oportunidad», apunta.
Primero, la fase extrajudicial
Este despacho lidera el mercado de la cancelación de deudas a través de dicha normativa, con más de 300 casos resueltos favorablemente en toda España, tres de ellos en Aragón (dos de Zaragoza y uno de Huesca). En esta comunidad cuenta con algo más de 300 clientes que quieren acogerse a este mecanismo, la mayoría en fase extrajudicial. «El elemento esencial que tiene en cuenta los jueces es la buena fe, es decir, demostrar que no había voluntad de sobreendeudarse, que fue algo sobrevenido», explica la abogada.
Para acogerse a la segunda oportunidad, primero debe abrirse una fase extrajudicial para que el deudor haga un ofrecimiento de pago dentro de sus posibilidades económicas. Si no se logra un acuerdo, que es lo más habitual, se declara el concurso de acreedores consecutivo, un procedimiento judicial similar al de una quiebra empresarial, con la salvedad de que una vez liquidados los bienes de concursado —en caso de tener—, el juez puede aceptar una cancelación del 100% de la deuda privada. El pasivo debe ser inferior a 5 millones de euros.
Los concursos de personas físicas se multiplican por seis desde el 2015
El número de procedimiento para acogerse a la ley de segunda oportunidad se ha disparado en los últimos años desde que se puso en marcha esta normativa. Así lo reflejan los datos de concursos de acreedores, que es la vía que ha de recorrerse para beneficiarse de este mecanismo. En Aragón, el pasado año se declararon insolventes en los juzgados 121 particulares (personas físicas) y 13 autónomos, según los datos del INE. En el 2015, cuando entró en vigor dicha ley, fueron apenas 22 y 2, respectivamente, de manera que se ha multiplicado por seis el número de procedimientos. Todo apunta a que estas cifras se dispararán en el 2021 por los estragos de la crisis del coronavirus en las economías familiares.
