Los sindicatos han reaccionado este miércoles con celeridad después de conocer el borrador presentado por la cartera de Miquel Iceta para modificar la legislación relativa a los interinos. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha planteado a los sindicatos su primera propuesta para atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración. Su planteamiento es que, para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Así consta en un borrador que ha generado malestar entre las centrales. «El borrador deteriorará la calidad del servicio público. No hay ninguna sanción para las administraciones que incumplan las normas y al trabajador se le va a poner de patitas en la calle. Es muy negativo», se rebelaron desde CSIF, el sindicato de los funcionarios.

Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza en estos momentos y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados. En España hay actualmente más de un millón de trabajadores del sector público con un contrato temporal. Son el 30,4% del total de asalariados del sector público. El Gobierno ha prometido a Bruselas que parte de las reformas que acometerá en los próximos años y que acompañarán el despliegue de los fondos europeos irán destinadas a atajar esa elevada temporalidad.

Las negociaciones con las centrales ya han empezado, siguiendo el plazo marcado por el ministro. La primera carta está en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Iceta plantea reformularlo para obligar a las administraciones a cumplir con las ofertas públicas de empleo. Iceta plantea cortar la continuidad de las nuevas carreras de interinidad y evitar que una persona entre como eventual y se perpetúe en el puesto. Y, al mismo tiempo, que una vez superados esos tres años, esa misma persona u otra que viniera a desempeñar las mismas funciones volviera a ocupar esa misma plaza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) lo considera una prueba de abuso de la temporalidad.

Alicia Hernández, secretaria general de UGT Aragón en la función pública, admite que había que modificar el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) «y que no se puede mantener» la interinidad perpetua. «Lo que más chirría, no obstante, es que se obligue al cese de un trabajador por no haber convocado plazas, aunque las comunidades también están sujetas a los Presupuestos Generales del Estado. Se deben suprimir las tasas de reposición para que las administraciones locales puedan convocar tantas plazas como quieran».

La coordinadora del área pública de CCOO Aragón, Delia Lizana, mostró su desacuerdo «absoluto» porque «no puede ser que las sanciones recaigan sobre el personal». Es una cuestión «que deben solucionar las administraciones». «Hay maneras de alcanzar la estabilización con acuerdos. Lo que debe hacer Iceta es sentarse y negociar».

José Luis Santa Fe, presidente autonómico de CSIF, también mostró «disconformidad total» porque ese camino marcado en el borrador de Miquel Iceta «creará servicios públicos peores» y no prevé sanciones para las administraciones por incumplir, solo para los trabajadores, que no son los que crean ese problema. Lo que debe haber es suficiente oferta de empleo público».