El ansiado convenio de transición justa de Andorra y su entorno, el paraguas institucional con el que el Gobierno de España quiere reactivar la zona de Teruel afectada por el cierre de la industria del carbón, sigue sin fecha para su firma cuando ya han transcurrido más de dos años desde que la ministra de Transición Justa, Teresa Ribera, anunció la iniciativa en una visita a esta comarca. Una de las razones de la demora es la reorientación del plan para que que pueda financiarse y beneficiarse de los jugosos fondos europeos de reconstrucción, con los que comparte objetivos al tener como reto el reemplazo del sector desmantelado por una actividad económica verde y digital.

El organismo público encargado de pilotar este convenio es el Instituto de Transición Justa (ITJ), dependiente del ministerio del ramo medioambiental y energético. Su directora, Laura Martín Murillo, visitó este viernes la villa minera para presentar a agentes sociales y empresas la orden ministerial del concurso para la concesión de capacidad de acceso al nudo eléctrico de Andorra, que ha quedado liberado con el cierre hace ya casi un año de la térmica de carbón.

Esta subasta, que se prevé llevar a cabo en otoño, permitirá adjudicar 1.300 megavatios (1,3 gigavatios) de potencia para la instalación en la zona de energías renovables, lo que permitirá movilizar inversiones que valor de más de 1.000 millones de euros. Este procedimiento es uno de los pilares del convenio de transición justa, pero no el único, según precisó Martín, que estuvo acompañada en el acto por la consejera de Presidencia de la DGA, la turolense Mayte Pérez, la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, y el alcalde de Andorra, Antonio Amador, entre otras autoridades.

Instrumentos financieros

«El concurso es uno de los vectores fundamentales, pero vamos a seguir trabajando el convenio con todo lo que tiene que tener, como las ayudas empresariales o para los municipios», afirmó. Aunque no quiso precisar cuál será la inversión que movilizará el plan de reactivación socioeconómico, sí dejó claro que va a ser clave en su financiación la «optimización de los fondos europeos. «No es un objetivo de millones. Lo importante es hacer lo que haga falta para que el empleo y la población al final del proceso sea el mismo (que antes del cierre del carbón)», enfatizó.

«No es un objetivo de millones. Hay que hacer todo lo que haga falta para no perder empleo y población»

Laura Martín Murillo - Directora del Instituto de Transición Justa (ITJ)

Para conseguirlo, la directora abogó por «sacar el mayor partido del talento y de las iniciativas» que se presentaron en el proceso de participación pública llevado a cabo hace más de un año, a través de las ayudas europeas y de las que aporten las diferentes administraciones.

En este sentido, destacó que está a punto de ver la luz el reglamento del Fondeo de Transición Justa de la Unión Europea, al que la Eurocámara ha dado su visto bueno definitivo esta semana. Se trata de un nuevo instrumento «que nos abre también nueva perspectivas», remarcó. Estará dotado de un presupuesto total de 17.500 millones de euros, de los cuales 7.500 millones proceden del marco financiero plurianual (MFP) y 10.000 millones proceden de plan Next Generation.

El próximo paso para la puesta en marcha del convenio será la presentación pública del borrador, que está siendo ultimado por el ministerio para darlo a conocer al resto de administraciones implicados y a los agentes que han participado en su eleboración. Mientras tanto, recalcó, «seguimos sacando ayudas y herramientas para apoyar esta transición mientras terminamos de construir el convenio».

Sobre la subasta renovable, cuyo mecanismo para llevarla a cabo está ahora en audiencia pública, la directora del ITJremarcó que se priorizarán los proyecto en función de la generación de empleo y el efecto arrastre que tengan en el territorio y sobre otros sectores más de la energía en agricultura, industria o servicios.

Por su parte, la consejera Pérez destacó la «oportunidad» que ofrece este concurso de potencia verde, el primero de esta características que pone en marcha el Gobierno, confió en que las inversiones que atraerá reviertan directamente en la zona. «Andorra puede ser ese icono que simbolice un tránsito hacia un nuevo modelo económico verde y digital», aseveró.

Endesa y Forestalia, en la pugna del concurso

La directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, dejó ayer claro que la subasta de renovables de Andorra «no es un concurso hecho a medida (de nadie)», lo que «sería un grave incumplimiento administrativo». «Al revés, está hecho para que haya juego y las empresa puedan pensar y ser innovadoras», puntualizó en alusión al papel de favorita que tiene Endesa. No cabe duda de que la empresa que la operado la térmica de carbón en sus más de 40 años es una de las más firmes candidatas por su macroproyecto renovable de 1,7 GW. La aragonesa Forestalia también ha mostrado siempre interés por esta concesión para hacer una planta de biomasa eléctrica.